El Gobierno nacional oficializó este viernes el inicio del proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa responsable del servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Se trata de un nuevo paso —aunque a ritmo pausado— en la implementación del capítulo privatizador de la Ley Bases, aprobada hace un año, que habilitó el traspaso de ocho empresas estatales al sector privado.
Con este anuncio, ya son cinco las compañías en las que se avanzó con procesos de privatización total: Belgrano Cargas, Corredores Viales, Intercargo, Energía Argentina (Enarsa) y ahora AySA. De ese listado, solo resta que se formalice el inicio del proceso para la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), conocida como Trenes Argentinos, que opera servicios de pasajeros de corta y larga distancia a nivel nacional.
Sin embargo, el caso ferroviario presenta mayores dificultades: el sistema se encuentra en emergencia y el Gobierno priorizó inversiones en obras de infraestructura para garantizar la operabilidad básica de los ramales suburbanos, lo que retrasa una eventual privatización.
Por otro lado, el Ejecutivo también apunta a dos empresas con autorización legal para una privatización parcial: Nucleoeléctrica Argentina (NASA), operadora de las tres centrales nucleares del país, y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). En ambos casos, el Estado deberá conservar una participación mayoritaria. El plan oficial contempla abrir el capital al mercado, aunque se trata de un proceso lento que requiere modificaciones estatutarias y otras condiciones previas.
Privatizaciones sin plazos firmes
La privatización fue uno de los ejes de campaña de Javier Milei. En los primeros meses de su mandato, buscó sin éxito que el Congreso aprobara la venta de más de 40 empresas estatales. Finalmente, la Ley Bases habilitó la venta total de seis y parcial de otras dos.
Pese a la reducción del listado, Milei sostiene su convicción de que las empresas deben pasar al sector privado. Lo reiteró recientemente al ser consultado por los resultados financieros positivos de Aerolíneas Argentinas, una firma que quedó excluida del paquete original.
En este contexto, se espera que no haya mayores novedades hasta después de las elecciones presidenciales. La hoja de ruta concreta, elaborada por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, sería presentada recién en noviembre. Esa planificación forma parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.
Las concesiones que siguen en la mira
Además del esquema de privatizaciones previsto en la Ley Bases, el Gobierno impulsa nuevos contratos para empresas cuyo vínculo legal con el Estado ya caducó. Es el caso de la ruta del Mercosur, para la que se abrió una licitación nacional e internacional. Las ofertas se conocerán en agosto.
Otro frente clave son las concesiones vencidas de seis centrales hidroeléctricas. Cuatro de ellas están en la región del Comahue, y el ministro de Economía, Luis Caputo, estimó que su adjudicación permitiría un ingreso de divisas por US$500 millones, fundamentales para reforzar las reservas del Banco Central. Sin embargo, la tensión con los gobiernos provinciales de Neuquén y Río Negro demoró los plazos.
A esas represas se suman otras dos hidroeléctricas: una ubicada en Mendoza y otra en Chubut, cuyos contratos vencieron este año y fueron prorrogados hasta fines de agosto, mientras se prepara una nueva concesión.