El Gobierno nacional consiguió el dictamen de mayoría del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que contempla medidas para proteger los recursos naturales en las Islas Malvinas y el Atlántico Sur, y avanzó así en el trámite parlamentario necesario para llevar la propuesta al recinto. Después de una negociación con bloques aliados, La Libertad Avanza aceptó modificaciones en distintos artículos y dejó el texto en condiciones de ser debatido, aunque el acompañamiento definitivo todavía depende de la resolución de algunas objeciones.
El oficialismo maneja como fecha tentativa para el tratamiento el jueves 12 de noviembre. Sin embargo, el cronograma podría modificarse debido a que esa semana tendrá una agenda reducida por la visita del papa León XIV a la Argentina. Por ese motivo, la fecha prevista todavía no representa una confirmación definitiva del día de la votación.
El proyecto fue impulsado principalmente por el asesor presidencial Santiago Caputo y reúne disposiciones vinculadas con la defensa de la soberanía, la explotación de recursos naturales, el control de determinadas inversiones extranjeras y la coordinación de las políticas de defensa, inteligencia y seguridad interior.
Desde el inicio de las discusiones, la iniciativa recibió cuestionamientos por el alcance de las sanciones propuestas y por las atribuciones previstas para el nuevo Consejo de Seguridad Nacional. Las modificaciones incorporadas permitieron alcanzar el dictamen de mayoría, pero algunos sectores aliados advirtieron que todavía pretenden nuevas precisiones antes de acompañar el texto en el recinto.
Las sanciones por la explotación ilegal de recursos naturales
Uno de los principales puntos de discusión estuvo relacionado con las consecuencias que podrían enfrentar las empresas vinculadas con la explotación ilegal de recursos naturales en el Atlántico Sur. El proyecto contempla un alcance que excede la actividad hidrocarburífera, ya que incluye tanto los recursos renovables como los no renovables.
Entre las medidas previstas figuran multas y la suspensión o cancelación de habilitaciones vigentes en la Argentina. El alcance de esas disposiciones generó objeciones por el posible impacto sobre compañías que pudieran participar indirectamente en proyectos cuestionados, incluso cuando no fueran responsables directas de las operaciones.
Durante el debate se difundió que el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, le transmitió al presidente Javier Milei la preocupación de la administración de Donald Trump por las posibles consecuencias que las medidas podrían tener para empresas estadounidenses.
Frente a esos planteos, el oficialismo aceptó modificar la redacción para delimitar las responsabilidades. El nuevo texto establece que las sanciones alcanzarán a quienes ejecuten negocios ilegales dentro del territorio argentino en calidad de operadores directos, licenciatarios, proveedores de estos o accionistas directos de los proyectos involucrados.
La modificación también establece exclusiones específicas. Quedarán fuera de responsabilidad los accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y los fondos de inversión indirectos que tengan participación en las compañías involucradas.
De esta manera, la nueva redacción busca precisar qué sujetos podrán quedar comprendidos por las sanciones y distinguir entre quienes intervienen directamente en las actividades ilegales y quienes mantienen participaciones indirectas o minoritarias en las empresas alcanzadas.
El Consejo de Seguridad Nacional y sus atribuciones
Otro de los componentes centrales de la iniciativa es la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo que tendrá la función de coordinar de manera unificada las estrategias de defensa, inteligencia y seguridad interior.
Su integración permanente estará conformada por el Presidente de la Nación, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica. Durante las negociaciones parlamentarias, además, se incorporó al Ministerio de Seguridad como integrante permanente.
El Consejo tendrá facultades para controlar, aceptar o rechazar inversiones promovidas por Estados extranjeros y empresas con capitales de ese origen en sectores considerados estratégicos. Entre las actividades comprendidas se encuentran la defensa, las telecomunicaciones, la energía, los hidrocarburos, la minería y las actividades espaciales.
La intervención del organismo en esas áreas constituye uno de los aspectos relevantes del proyecto, debido a que sus decisiones podrán incidir sobre inversiones extranjeras vinculadas con sectores considerados estratégicos para el país.
A pedido de los bloques aliados, el texto también habilita la participación de autoridades legislativas y provinciales cuando los asuntos tratados lo justifiquen. Entre los integrantes no permanentes se encuentran el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente provisional del Senado, los gobernadores y representantes de las áreas de seguridad.
La incorporación de estas autoridades amplía las posibilidades de participación institucional en determinadas discusiones, aunque la composición permanente del Consejo continúa concentrada principalmente en funcionarios del Poder Ejecutivo.
Una comisión bicameral para supervisar las decisiones
Las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional también motivaron la incorporación de un mecanismo de control parlamentario. Para reforzar la supervisión legislativa sobre las decisiones del nuevo organismo, el oficialismo aceptó crear una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso.
La propuesta fue impulsada por el diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), con el objetivo de que el Poder Legislativo pueda supervisar las decisiones de un organismo integrado principalmente por funcionarios del Ejecutivo.
De acuerdo con los cambios incorporados al proyecto, el Gobierno deberá informar a la comisión, dentro de las 48 horas, las medidas de seguridad que adopte el Consejo.
El mecanismo introduce una obligación de comunicación hacia el Congreso respecto de las decisiones de seguridad tomadas por el organismo. La comisión tendrá así una función de seguimiento sobre las medidas adoptadas en un ámbito que contará con atribuciones relacionadas con las inversiones extranjeras y los sectores estratégicos de la economía.
La inclusión de esta instancia de control fue parte de las modificaciones aceptadas durante la negociación con los bloques aliados para alcanzar el dictamen de mayoría.
Las penas por injerencia extranjera
El dictamen también modificó el artículo que establece penas de entre cinco y doce años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública. La nueva redacción incorpora una definición de lo que se considera una "campaña de injerencia extranjera". La figura comprende acciones planificadas, sistemáticas, clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas destinadas a alterar elecciones, afectar la formación de la voluntad política o condicionar las decisiones de las autoridades.
Al mismo tiempo, el texto establece excepciones expresas para evitar que determinadas actividades queden incluidas dentro de esa figura penal. Entre ellas se encuentran la actividad diplomática conforme al derecho internacional, la expresión pública y atribuida de opiniones de un Estado extranjero, el trabajo periodístico, la investigación académica y la representación abierta y regulada de intereses.
Estas excepciones forman parte de los cambios incorporados durante la negociación parlamentaria y buscan delimitar las conductas alcanzadas por las disposiciones penales.
Sin embargo, las modificaciones no despejaron todas las dudas. Algunos legisladores aliados reclamaron nuevas precisiones, especialmente en los artículos 127, 128 y 129. Las objeciones se concentran en la necesidad de establecer con mayor claridad el alcance de las disposiciones y determinar de qué manera podrían afectar a organizaciones no gubernamentales que buscan influir en las políticas públicas.
Desde el oficialismo reconocieron que la redacción todavía genera dudas y que podrían introducirse nuevos cambios antes de la votación en el recinto. Por lo tanto, el dictamen de mayoría no implica que el texto haya cerrado definitivamente su proceso de revisión.
Prefectura Naval y el Comando Conjunto Marítimo
La iniciativa también incorpora precisiones sobre las competencias de la Prefectura Naval y el Comando Conjunto Marítimo, dos estructuras vinculadas con las tareas de vigilancia y seguridad en el ámbito marítimo.
No obstante, el texto no establece una regla de intervención primaria y subsidiaria entre ambas fuerzas. Este punto continúa formando parte de las discusiones relacionadas con la implementación de la propuesta y con la delimitación de las competencias de las estructuras involucradas.
La ausencia de esa regla constituye otro de los aspectos que permanecen abiertos dentro del debate sobre el alcance operativo de la iniciativa.