La reciente decisión del Gobierno argentino de ajustar el presupuesto de la Secretaría de Derechos Humanos ha desatado una controversia que involucra acusaciones cruzadas, tensiones políticas y un debate sobre prioridades económicas. Esta medida, defendida como parte de un plan de austeridad necesario, ha sido criticada por organismos de derechos humanos y sectores de la oposición.
Mariano Cúneo Libarona defiende los recortes presupuestarios
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, respondió con firmeza a las críticas sobre el ajuste presupuestario en la Secretaría de Derechos Humanos. En declaraciones realizadas a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), el funcionario aseguró que la reducción de gastos responde a la necesidad de eliminar "gastos superfluos" y priorizar áreas estratégicas para el país.
Libarona enfatizó que el gasto en políticas previas había sido excesivo y cuestionó el manejo de recursos en administraciones anteriores, acusando al sector kirchnerista de haber "dilapidado cinco mil millones de dólares en políticas de género" y de haber llenado la Secretaría de empleados con "un perfil militante".
Con respecto a las denuncias presentadas por la legisladora porteña Victoria Montenegro, quien acusó al ministro de "desmantelar" la Secretaría, Libarona fue contundente: "No me importa que me denuncien por hacer lo que está bien. Nos vemos en la justicia", afirmó.
El contexto económico detrás del ajuste
El recorte en la Secretaría de Derechos Humanos se enmarca en un paquete más amplio de medidas diseñado para reducir el déficit fiscal. Estas decisiones incluyen ajustes en varias áreas del gasto público, lo que el Ejecutivo ha definido como una "corrección necesaria" para estabilizar las finanzas nacionales.
Desde el oficialismo, la medida se justifica como un paso crucial para redirigir recursos hacia políticas que se consideran esenciales, aunque no se han especificado cuáles serán esas áreas prioritarias. Sin embargo, la decisión ha generado un fuerte rechazo de parte de organizaciones de derechos humanos, que consideran que los ajustes ponen en riesgo políticas fundamentales para garantizar el acceso a la justicia y la promoción de derechos básicos.
Críticas y tensiones políticas
La oposición y los organismos de derechos humanos han calificado la medida como un retroceso en materia de políticas públicas relacionadas con los derechos humanos. Según sectores críticos, la reducción presupuestaria podría debilitar el sistema de apoyo a víctimas, limitar programas educativos y dificultar el cumplimiento de compromisos internacionales en la materia.
Por otro lado, desde el oficialismo, las críticas son interpretadas como intentos de "resistencia política" ante medidas que buscan corregir lo que consideran excesos presupuestarios de gestiones anteriores.
Una medida que divide opiniones
Mientras el oficialismo defiende el ajuste como una necesidad fiscal, los sectores opositores argumentan que el recorte compromete principios fundamentales. La decisión de priorizar unas políticas sobre otras pone en debate el balance entre la responsabilidad económica y el compromiso con los derechos humanos.
Austeridad versus derechos
El ajuste presupuestario en la Secretaría de Derechos Humanos plantea una discusión sobre las prioridades del Gobierno y su impacto en las políticas sociales. La tensión entre la austeridad económica y la garantía de derechos fundamentales refleja los desafíos de una administración que busca equilibrar las cuentas públicas sin descuidar sus compromisos internacionales.
El futuro de estas políticas dependerá de cómo se implementen los ajustes y de las respuestas que las instituciones ofrezcan ante las críticas. La ciudadanía y los organismos de derechos humanos seguirán atentos para evaluar si esta decisión representa un retroceso o una oportunidad para una mejor gestión de los recursos públicos.