El Gobierno nacional ha anunciado la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda a través del Decreto 70/2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida se enmarca en la estrategia de reducir la intervención del Estado en políticas habitacionales, dejando en manos de provincias, municipios y el sector privado la gestión de la vivienda.
Desde el Ejecutivo justifican la disolución argumentando que la mayoría de las tareas de la Secretaría se llevaban a cabo mediante tres fondos fiduciarios que han sido eliminados o están en proceso de liquidación. Según el Gobierno, estos instrumentos financieros presentaban falta de controles, mal uso de recursos y resultados deficientes.
Los fondos fiduciarios en la mira del Ejecutivo
Uno de los fondos desmantelados es el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR), cuya liquidación fue establecida previamente mediante el Decreto 1018/2024. De acuerdo con una auditoría realizada por la SIGEN, este programa mostraba demoras en la entrega de viviendas y deficiencias en las condiciones de habitabilidad de las unidades entregadas.
Otro de los fondos eliminados es el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, suprimido por el Decreto 6/2025. La administración nacional sostiene que este mecanismo había sido empleado con fines políticos y clientelistas, evidenciando irregularidades e incumplimientos.
Por último, el Gobierno también ha comenzado el proceso de disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), alineado con la misma lógica de reducir la intervención estatal en materia de vivienda.
Reubicación de dependencias y próximos pasos
Como parte de esta reestructuración, la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y la Dirección Nacional de Arquitectura pasarán a depender de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía. Esta redistribución busca centralizar la gestión de obras públicas en un único organismo.
El Gobierno ha indicado que el cierre de la Secretaría de Vivienda se llevará a cabo de manera ordenada y progresiva, a través de una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET). Este organismo tendrá la función de garantizar la transición de responsabilidades y minimizar el impacto de la eliminación de la Secretaría en los programas en curso.
Impacto y perspectivas de la medida
La disolución de la Secretaría de Vivienda genera un debate sobre el futuro de las políticas habitacionales en el país. Mientras el Gobierno sostiene que la reducción del Estado en la gestión de la vivienda permitirá un uso más eficiente de los recursos, algunos sectores advierten que la falta de regulación y financiamiento público podría afectar a las poblaciones más vulnerables que dependen de estos programas.
Con la responsabilidad trasladada a provincias, municipios y el sector privado, el desafío radica en cómo se desarrollarán las nuevas estrategias de acceso a la vivienda y cuáles serán los mecanismos de control para evitar nuevas irregularidades en su implementación.
