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Lejos del acuerdo

El Gobierno enfrenta obstáculos para aprobar los pliegos de Lijo y García-Mansilla

El jefe de Gabinete le respondió al presidente del bloque opositor en el Senado, José Mayans. También descartó que Milei tenga la intención de avanzar en los nombramientos por decreto.

23 Enero de 2025 00.06

La situación política en torno a la Corte Suprema de Justicia de la Nación está lejos de resolverse. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, declaró que las negociaciones para aprobar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla están "lejos de un acuerdo". La resistencia del bloque de Unión por la Patria (UP) complica el panorama, especialmente tras las declaraciones de José Mayans, presidente del bloque del Senado, quien expresó su rechazo a la postulación de Lijo.

Según Mayans, el bloque mayoritario exige que los candidatos a la Corte compartan una visión alineada con su concepción del Estado. Esto refleja un desacuerdo profundo que obstaculiza la posibilidad de consenso en el Senado. A pesar de que el pliego de Lijo podría obtener dictamen, la falta de respaldo mayoritario mantiene el conflicto latente.

Dificultades en la búsqueda de mayorías

Francos destacó que la fragmentación de bloques en el Congreso dificulta la construcción de mayorías para aprobar los pliegos. Aunque la Constitución permite al Ejecutivo nombrar jueces por decreto en caso de inactividad parlamentaria, Francos descartó esta opción por el momento. La intención, según el jefe de Gabinete, es garantizar el correcto funcionamiento de la Corte sin recurrir a medidas unilaterales.

El problema no se limita a los dos cargos vacantes en la Corte Suprema. También se suma la designación pendiente del Procurador General de la Nación y de 150 jueces federales, situaciones que también requieren aprobación del Senado. Francos instó a todos los sectores políticos a trabajar juntos para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema judicial.

Reuniones clave con senadores aliados

En un intento por construir consensos, Guillermo Francos y Victoria Villarruel lideraron una reunión con senadores aliados el miércoles. Participaron figuras como Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Pablo Blanco, Carlos Espínola y otros referentes del arco opositor y oficialista.

El encuentro, similar al realizado previamente con diputados, buscó delinear una estrategia para el período de sesiones extraordinarias. Se identificaron temas prioritarios, como la eliminación de las PASO, la ley de Ficha Limpia y tres proyectos penales presentados por el Ejecutivo. Sin embargo, algunas iniciativas, como la ley de quebranto, quedaron pendientes de negociación.

Francos subrayó la importancia de realizar reuniones simultáneas con diputados y senadores para agilizar los acuerdos. Si bien lograron avances parciales, la complejidad de las discusiones refleja las tensiones políticas que atraviesan el país.

Implicancias para el futuro de la Justicia

La imposibilidad de completar la Corte Suprema y avanzar con otras designaciones judiciales tiene implicancias graves para el sistema judicial argentino. La falta de consenso no solo retrasa la resolución de temas importantes, sino que también pone en evidencia las divisiones políticas que dificultan la gobernabilidad.

Francos hizo un llamado a la cooperación entre los distintos sectores para garantizar una Justicia eficiente y completa. Sin embargo, las diferencias ideológicas y los intereses partidarios siguen siendo un obstáculo.

Una Justicia paralizada por la falta de consensos

El Gobierno enfrenta un desafío significativo para destrabar el conflicto en torno a la Corte Suprema. La falta de acuerdos en el Senado y las tensiones entre oficialismo y oposición amenazan con prolongar la parálisis judicial en un momento crítico para el país. Mientras tanto, el llamado a la cooperación intersectorial sigue siendo una declaración de intenciones más que una realidad tangible.

En este contexto, es esencial que las partes involucradas prioricen el interés nacional por sobre las diferencias políticas. El futuro de la Justicia depende de decisiones consensuadas que permitan avanzar hacia un sistema judicial más eficiente y equitativo.