A partir del próximo lunes 2 de febrero, el Congreso de la Nación retomará su actividad legislativa en el marco de las sesiones extraordinarias, colocando en el centro de la escena un tema de altísima sensibilidad política y social. El proyecto, impulsado de manera directa por la gestión de Javier Milei, tiene como fecha tentativa de debate el martes 10 de febrero y apunta a reformar artículos clave de la actual ley de protección de glaciares.
El propósito fundamental es otorgar una mayor potestad a las provincias sobre sus recursos naturales, flexibilizando las restricciones vigentes a la actividad productiva en zonas de alta montaña.
El núcleo de la propuesta presentada por el bloque de La Libertad Avanza (LLA) plantea un cambio de paradigma en la conservación de los ecosistemas hídricos. La reforma busca restringir la protección ambiental únicamente a aquellos glaciares que cumplan fehacientemente con una "función hídrica efectiva y estratégica". Desde el oficialismo, el argumento central es que la ley actual genera una profunda "inseguridad jurídica" que ha logrado paralizar inversiones millonarias en el sector extractivo. Al redefinir estos alcances técnicos, el Gobierno pretende habilitar proyectos de megaminería y explotación de hidrocarburos que hoy están prohibidos por afectar cuencas hídricas protegidas.
En la vereda opuesta, la oposición —liderada por el bloque de Unión por la Patria (UxP)— y diversas organizaciones ambientalistas han manifestado una preocupación profunda respecto al futuro de las fuentes de agua dulce. Sostienen que esta reforma dejaría desprotegidas las reservas esenciales para el consumo humano y el equilibrio del ecosistema. Ante la inminencia del tratamiento legislativo, ya se han anunciado diversas manifestaciones de rechazo que se llevarán a cabo durante la próxima semana.
El dilema de las provincias mineras
La discusión cobra una dimensión federal de especial relevancia en distritos como San Juan, Catamarca y Jujuy, donde el potencial del litio y el cobre se considera un factor estratégico para el crecimiento económico. La reforma cuenta con el visto bueno de sectores que reclaman una mayor autonomía provincial en el manejo de sus recursos, aunque los legisladores regionales enfrentan presiones cruzadas.
Por un lado, la postura oficialista defiende la necesidad de brindar "certezas técnicas" que permitan compatibilizar la producción industrial con la protección del entorno, asegurando que se mantendrán las auditorías correspondientes. Por otro lado, la postura opositora regional presenta una marcada división interna; mientras algunos sectores rechazan de plano cualquier modificación, otros buscan consensuar un documento intermedio que no resigne la protección ambiental pero que permita el desarrollo económico local.
Claves del cronograma legislativo
Para comprender la magnitud de lo que se pondrá en juego en el recinto, es necesario seguir de cerca los hitos fundamentales del calendario parlamentario para este mes:
- Lunes 2 de febrero: Inicio formal de las sesiones extraordinarias.
- Martes 10 de febrero: Fecha estipulada como prioritaria para el debate de la reforma.
- Objetivo central: Modificar la prohibición de actividades industriales en los denominados ambientes periglaciares.
La discusión sobre la normativa 26.639 promete ser una de las más intensas del año 2026, marcando un precedente definitivo sobre el manejo de los recursos estratégicos de la Argentina para las próximas décadas.
