El Gobierno nacional avanza en la redacción de una reforma integral sobre organismos públicos que será enviada al Congreso con el objetivo de eliminar, fusionar y transformar distintas estructuras estatales.
La iniciativa responde a la decisión del presidente Javier Milei de retomar por la vía legislativa una parte del rediseño institucional que había intentado implementar mediante decretos delegados, pero que quedó sin efecto tras el rechazo de ambas cámaras en 2025. La tarea de redacción quedó en manos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto con sus equipos técnicos. El propósito central es recuperar las eliminaciones, fusiones y transformaciones de entes que habían sido anuladas cuando cayeron las facultades delegadas que habilitaban ese proceso.
Desde el oficialismo remarcan que el nuevo texto no necesariamente replicará el decreto original, sino que se tratará de una "revisión integral" que incluso podría incorporar más organismos a la reforma.
Qué había quedado sin efecto en 2025
La medida del año pasado había sido uno de los movimientos más fuertes dentro del proceso de ajuste y reorganización administrativa. Entre las decisiones que se habían dispuesto figuraban:
- Disolución de Vialidad Nacional
- Disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Disolución de la Comisión Nacional del Tránsito
- Eliminación de la ARICCAME
- Eliminación del INAFCI
- Eliminación del INASE
- Transformación del INTI
- Transformación del INTA
- Transformación del INV
- Transformación del INPI
Sin embargo, tras el rechazo legislativo de 2025, el Poder Ejecutivo debió restituir por decreto la vigencia de las normas previas, retrotrayendo los cambios para garantizar la continuidad operativa de la administración pública.
La nueva estrategia busca ahora blindar esos cambios con respaldo parlamentario, en un escenario político que se anticipa complejo.
La "motosierra" 2026
La reforma proyectada se inscribe dentro de la decisión del Gobierno de profundizar durante 2026 la política de ajuste del gasto y reducción del Estado, bajo la lógica de la denominada "motosierra".
Según el último informe del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, con datos actualizados a febrero de 2026, desde diciembre de 2023 se eliminaron 65.528 puestos de trabajo en el sector público, cifra que representa una caída del 13% del total. El mismo relevamiento detalla además:
- 18,5% de reducción en la Administración Pública Nacional
- 13% de reducción en la APN descentralizada
- Foco creciente sobre estructuras descentralizadas
Es precisamente en esa APN descentralizada donde ahora el Gobierno concentra parte de la revisión, al considerar que allí existen estructuras "superpuestas, sobredimensionadas o de baja productividad".
El diagnóstico oficial y la profundización del ajuste
En Balcarce 50 vinculan esta nueva avanzada con la necesidad de profundizar el ajuste del gasto durante 2026 y de revisar organismos cuya estructura consideran ineficiente. Ese diagnóstico ya había sido explicitado en los fundamentos del decreto 462/2025, cuando el oficialismo avanzó dentro del plazo de emergencia administrativa fijado por la norma.
La nueva etapa, sin embargo, requiere otro tipo de construcción política, ya que el Gobierno ya no cuenta con las facultades delegadas que en su momento habilitaban la reestructuración por decreto.
Por eso, la discusión se trasladará al Congreso, donde la administración libertaria intentará reconstruir consensos suficientes para aprobar una reforma que promete alto nivel de conflictividad.
El frente político que se abre en el Congreso
En el Ejecutivo ya descuentan que la iniciativa volverá a abrir un fuerte frente de disputa con la oposición, los gobernadores y los gremios estatales, actores que en 2025 ya habían cuestionado tanto el alcance del rediseño como la herramienta elegida para implementarlo. El antecedente del año pasado dejó expuesta esa resistencia: el rechazo parlamentario forzó al Gobierno a retroceder cambios ya formalizados, un revés político que ahora busca evitar mediante una estrategia más calibrada.
Por el momento, en la Casa Rosada evitan fijar una fecha precisa para el envío, aunque aseguran que el proyecto será remitido en los próximos meses.
La estrategia legislativa
La decisión oficial es no abrir de inmediato una discusión de tan alto voltaje. Antes de enviar la reforma, el Gobierno pretende ordenar otros proyectos prioritarios en la agenda parlamentaria, entre ellos:
- Ley Hojarasca
- Paquete de propiedad privada
La estrategia consiste en esperar el momento político adecuado y medir con precisión el volumen de apoyos disponibles tanto en Diputados como en el Senado.
El objetivo es evitar repetir la experiencia de 2025, cuando la falta de consenso dejó sin efecto una parte central del rediseño estatal. Con ese telón de fondo, la nueva reforma de organismos públicos aparece como una de las apuestas legislativas más sensibles del oficialismo para 2026: una iniciativa que busca convertir en ley la profundización de la motosierra, avanzar sobre estructuras estatales consideradas redundantes y reabrir una discusión de fondo sobre el tamaño, la productividad y el alcance del Estado nacional.