El Gobierno no prevé avanzar en el corto plazo con el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para impulsar los créditos hipotecarios, pese a que la alternativa había sido expuesta la semana pasada por el ministro de Economía, Luis Caputo.
La iniciativa permanece bajo revisión y, según reconocen fuentes del Ejecutivo, todavía no existe una definición sobre cómo instrumentarla ni una fecha concreta para su puesta en marcha. "Hoy no está a la vista en el corto plazo, aunque el tema sale cada tanto", expresan en Nación.
En otros despachos oficiales también coinciden en que el proyecto continúa bajo análisis y señalan que persisten dificultades de carácter jurídico y financiero. "Legalmente es complejo", reconocen. La discusión gira alrededor de una cuestión central: cómo utilizar parte de los recursos del FGS para generar financiamiento bancario de mayor plazo sin comprometer la rentabilidad, la seguridad ni la estructura de inversiones del fondo previsional.
El mecanismo que propuso Caputo
Caputo confirmó el 13 de agosto que el Ministerio de Economía trabaja junto con el Ministerio de Capital Humano, el FGS y las entidades financieras en un mecanismo destinado a que el fondo coloque depósitos bancarios a largo plazo.
La propuesta no contempla que la ANSES compre directamente las hipotecas de las personas. En cambio, el esquema busca que los bancos compitan por los recursos del FGS a través de las tasas que estén dispuestos a pagar. El objetivo es atender uno de los principales problemas que enfrenta el financiamiento hipotecario: el descalce entre los plazos durante los cuales los bancos prestan dinero y los períodos durante los cuales consiguen financiamiento.
Una hipoteca puede extenderse durante 20 o 30 años, mientras que una parte importante de los depósitos del sistema financiero tiene vencimientos considerablemente más cortos. Frente a esa diferencia, la propuesta apunta a que el FGS pueda realizar colocaciones de dos, tres o cinco años, ofreciendo a las entidades una fuente de financiamiento más estable.
La iniciativa, por lo tanto, no plantea crear una herramienta de inversión completamente nueva para el fondo. Los plazos fijos ya forman parte de la cartera del FGS, aunque el proyecto busca ampliar y extender esa operatoria.
El tamaño del fondo y cuánto tiene colocado en plazos fijos
El último informe oficial de ANSES permite dimensionar el patrimonio sobre el cual se discute. Al cierre de junio, el FGS tenía una cartera valuada en US$79.232 millones.
La composición de esa cartera era la siguiente:
- 77,7% en títulos públicos nacionales.
- 14,3% en acciones.
- 3,5% en proyectos productivos o de infraestructura.
- 0,3% en disponibilidades.
Dentro de ese esquema, los depósitos a plazo fijo ya representaban una parte de los activos. A junio, el FGS tenía US$1.247 millones colocados en ese instrumento, equivalentes al 1,6% de sus activos.
El monto había aumentado desde los US$750 millones registrados en marzo y acumulaba una suba de 172,9% durante 2026. Por esa razón, el mecanismo propuesto por Caputo no requeriría crear una nueva categoría de inversión. La alternativa consistiría en ampliar una operatoria que el fondo ya utiliza, aunque bajo condiciones de plazo y competencia entre entidades financieras que todavía deben definirse.
Qué permite la legislación
La legislación vigente tampoco establece una prohibición general para este tipo de colocaciones. La Ley 24.241 permite invertir hasta el 30% de los activos del FGS en depósitos a plazo fijo en entidades financieras, siempre que las decisiones se ajusten a criterios de seguridad y rentabilidad.
Tomando como referencia la valuación de junio, ese límite equivaldría teóricamente a unos US$23.800 millones. Sin embargo, ese cálculo no significa que exista ese volumen de recursos disponible para ser destinado al eventual programa de financiamiento hipotecario.
El problema se encuentra en la instrumentación concreta de la propuesta y en la administración de los recursos que ya integran la cartera. Para llevar adelante el mecanismo, el FGS debería establecer una operatoria capaz de extender las colocaciones actuales a períodos de dos, tres, cuatro o cinco años y adjudicarlas mediante un proceso competitivo entre las entidades financieras.
El Comité Ejecutivo del FGS debe establecer los criterios de seguridad, rentabilidad y adecuación temporal de las inversiones, además de aprobar las operaciones que finalmente se realicen.
La licitación de fondos todavía debe diseñarse
El esquema todavía necesita definir aspectos centrales de su funcionamiento. Entre ellos se encuentran los bancos que podrán participar, los montos que se licitarán, los vencimientos que se ofrecerán, el mecanismo para adjudicar los recursos y los parámetros que se utilizarán para comparar las tasas.
Caputo había mencionado como ejemplo la posibilidad de que una entidad ofreciera UVA más una tasa para un depósito a dos años y un rendimiento diferente para otro a cinco años. Sin embargo, esas condiciones todavía no fueron definidas.
La tasa constituye uno de los puntos más sensibles de toda la discusión porque el FGS ya tiene una parte importante de su patrimonio invertida en instrumentos que ofrecen distintas alternativas de rendimiento.
Los bonos en pesos ajustados por CER representan el 44,3% de todo el FGS, mientras que otro 7,4% está invertido en títulos vinculados a la TAMAR. Por eso, quienes administran el fondo deberán justificar que inmovilizar recursos durante varios años en depósitos bancarios presenta una relación adecuada entre rentabilidad, plazo y riesgo frente a las demás alternativas disponibles dentro de la cartera.
La legalidad y el dinero esté disponible
Otro de los obstáculos que enfrenta la iniciativa es que el margen efectivo para incrementar los plazos fijos no puede determinarse simplemente a partir del límite legal del 30%.
Actualmente, casi ocho de cada diez dólares del FGS están invertidos en títulos públicos, mientras que las disponibilidades eran de apenas US$224 millones en junio. Esto implica que, para aumentar significativamente las colocaciones bancarias, la administración deberá definir de dónde surgirían los recursos.
Entre las alternativas aparecen la reasignación de fondos, el vencimiento de determinadas posiciones o la utilización de nuevos flujos para destinarlos a los depósitos bancarios.
En consecuencia, el proyecto no se limita a decidir cuánto puede invertirse legalmente, sino que requiere determinar qué recursos concretos podrían ser colocados en el sistema financiero sin alterar de manera inconveniente la estructura de la cartera.
La responsabilidad de los funcionarios
Dentro del Ejecutivo aparece además otro elemento que contribuye a explicar la demora: la cautela de los funcionarios que deberían aprobar la operatoria.
"El problema con el FGS es que nadie quiere firmar nada", expresan en Nación. En el Gobierno vinculan esa prevención con los antecedentes de judicialización que atravesaron decisiones relacionadas con la administración de los activos previsionales durante distintas gestiones.
Durante el kirchnerismo hubo casos vinculados directamente con el manejo del fondo. En 2009, una denuncia relacionada con operaciones con Préstamos Garantizados derivó en una investigación que alcanzó a Amado Boudou, Diego Bossio y Sergio Chodos.
Posteriormente, en 2017, Elisa Carrió, Fernando Sánchez y Fernanda Reyes denunciaron a integrantes del Comité Ejecutivo que administró el FGS entre 2010 y 2015. Entre los señalados se encontraban Diego Bossio, Axel Kicillof, Hernán Lorenzino y Emmanuel Álvarez Agis, por presunta administración fraudulenta.
La exposición judicial no quedó limitada a una sola administración. Durante el gobierno de Mauricio Macri también se presentaron denuncias contra integrantes de la conducción de ANSES y del Comité Ejecutivo por operaciones realizadas con activos del FGS.
Esos antecedentes no significan que las decisiones investigadas hayan sido finalmente consideradas ilegales. Sin embargo, dentro del Ejecutivo refuerzan la necesidad de que cualquier nueva operatoria quede respaldada por fundamentos técnicos, financieros y jurídicos precisos.
