El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que el Gobierno busca tipificar un nuevo delito dentro de la reforma del Código Penal. Este castigo penalizará a quienes agredan a las fuerzas de seguridad en el marco de protestas y movilizaciones, imponiendo penas de hasta seis años de prisión. El anuncio se da en la antesala de una nueva marcha de jubilados en el Congreso, que contará con un fuerte operativo de seguridad.
Detalles de la reforma: penas más severas para agresiones en manifestaciones
La iniciativa oficialista establece que, en caso de agresión a las fuerzas de seguridad, los responsables podrían recibir penas de entre tres y seis años de prisión, además de multas económicas. El nuevo artículo 208 del Código Penal sancionará con dos a cinco años de cárcel a quienes arrojen objetos contundentes, proyectiles o causen daños a bienes públicos y privados en el contexto de una manifestación.
Asimismo, la norma también castigará a quienes bloqueen ilegalmente accesos a establecimientos públicos, centros educativos, hospitales y fábricas. El agravante se aplicará cuando la agresión esté dirigida específicamente contra miembros de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones.
Justificación del Gobierno: "Vamos a terminar con la impunidad"
Cúneo Libarona argumentó que en administraciones anteriores se permitió que grupos violentos se escudaran en las manifestaciones para cometer delitos. "Bajo la excusa de protestar, se han destruido propiedades y atacado a las fuerzas de seguridad", sostuvo el ministro. El funcionario remarcó que el objetivo es erradicar la impunidad y garantizar el orden público.
El anuncio se produce una semana después de que una marcha de jubilados e hinchas autoconvocados terminara en represión policial, lo que intensificó el debate sobre el accionar de las fuerzas de seguridad en protestas sociales.
Más de 2.000 efectivos desplegados por la marcha de jubilados
En el marco de la movilización de jubilados convocada para este miércoles en el Congreso, el Gobierno ha desplegado un fuerte operativo de seguridad con más de 2.000 efectivos. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenó el vallado del perímetro del Congreso y la instalación de controles estrictos en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires.
Los refuerzos incluyen:
900 policías de la Ciudad
720 efectivos de la Policía Federal
400 agentes de Gendarmería y Prefectura
600 agentes de tránsito para control vehicular
El Congreso permanecerá completamente cercado, con restricciones a la circulación de personas y vehículos en un radio de 100 metros.
Mensaje en estaciones de tren: "La protesta no es violencia"
Como parte de la estrategia comunicacional del Gobierno, en varias estaciones de tren se proyectó el mensaje "La protesta no es violencia", con el objetivo de desalentar actos vandálicos durante la movilización. El vocero presidencial, Manuel Adorni, reforzó la postura gubernamental al compartir un video en redes sociales con el mensaje: "Las protestas nunca deben ser violentas. Fin".
El Gobierno ha dejado en claro que cualquier intento de desbordar la seguridad será reprimido, enfatizando que se actuará con firmeza contra quienes alteren el orden público.
