Con el levantamiento del cepo y el abandono de la devaluación mensual del 1%, el Gobierno dejó atrás uno de sus principales instrumentos de control de la inflación durante el primer año de gestión: el ancla cambiaria. Ahora, en un nuevo giro de estrategia, recurre al congelamiento o moderación de tarifas para intentar mantener a raya los precios.
En Argentina, el precio del dólar es un factor determinante en la dinámica inflacionaria. Por eso, durante meses se optó por una devaluación controlada para generar previsibilidad. Sin embargo, tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Ejecutivo implementó un nuevo esquema de flotación dentro de bandas, con un dólar que podrá oscilar entre los $1000 y los $1400 —una brecha inicial del 40% que se ampliará progresivamente.
Aunque el tipo de cambio dejó de ser la referencia principal para la formación de precios, el objetivo de llegar a las elecciones legislativas con una inflación en descenso sigue firme. Por eso, la estrategia oficial se concentra ahora en el control de tarifas y precios clave.
Entre las medidas recientes se destacan:
Aumentos acotados de 3% en las tarifas de luz y gas.
Postergación de la actualización impositiva en combustibles (ICL e IDC), para que la rebaja del 4% aplicada por YPF impacte directamente en el consumidor.
Congelamiento del boleto de colectivo en líneas nacionales.
Presión sobre prepagas para moderar aumentos.
"El Gobierno siempre equilibra entre la necesidad fiscal y el impacto inflacionario", explicó Camilo Tiscornia, economista de C&T Asesores. "Reducir subsidios implica subir tarifas, pero eso es políticamente costoso. Como hoy muchos costos ya están cubiertos con lo que paga el usuario, pueden regular la velocidad de los aumentos".
El nuevo enfoque antiinflacionario
El último dato oficial muestra que la inflación de marzo fue de 3,7%, la segunda aceleración consecutiva y el nivel más alto desde agosto del año pasado. La liberación del cepo implicaba un riesgo de traslado a precios que el Gobierno buscó frenar desde distintos frentes.
"Con tipo de cambio flotante, la idea fue disciplinar a empresarios acostumbrados a la estabilidad del dólar oficial", señaló un informe de la consultora Econviews. "Aprender a flotar también es aceptar que no se puede remarcar cada vez que el dólar sube o baja".
Ese enfoque se complementa con medidas de corte heterodoxo. Según el reporte, algunos funcionarios incluso amenazaron públicamente a empresas que enviaron listas con aumentos, una actitud que recuerda a prácticas de gobiernos anteriores.
Melisa Sala, directora ejecutiva de la consultora LCG, consideró que combinar herramientas ortodoxas —como el compromiso con el superávit fiscal— con otras más intervencionistas no es necesariamente negativo.
"Con un tipo de cambio que se mueve libremente dentro de una banda amplia y expectativas aún inestables, el Gobierno intenta reconstruir un sendero de desinflación. Las medidas aplicadas pueden restar hasta 0,3 puntos al IPC de mayo, lo cual no es menor", analizó.
Desde Econviews coincidieron: "El Gobierno está dispuesto a usar todas las herramientas para reducir la inflación, incluso si eso contradice parte de su discurso original".
Entre las cartas que podría jugar próximamente, aparece la apertura comercial. Ya en 2024 se aplicó a alimentos y otros rubros. Según la consultora, se trata de una herramienta útil para contener precios, aunque con límites claros.
"La mayoría de los servicios no se pueden importar y una apertura sin restricciones puede afectar a sectores sensibles, especialmente con un dólar todavía apreciado", concluyeron.