El Gobierno nacional aseguró que presentará ante la Justicia, antes de fin de año, la auditoría sobre las contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La investigación, que tiene derivaciones en todo el país —incluida la provisión de medicamentos y servicios a provincias como Catamarca—, es seguida de cerca por el juez federal Sebastián Casanello. Desde la Casa Rosada sostienen que el informe final está "avanzado" y que ya hubo intercambios de documentación con los investigadores.
Los equipos que responden al interventor Alberto Vilches revisan desde hace meses los procesos administrativos vinculados a la compra de medicamentos, entre ellos facturas que no figuraban en portales públicos ni contaban con trazabilidad dentro del Ministerio de Salud. En dependencias oficiales admiten indicios de sobreprecios y contrataciones irregulares, en línea con lo que ya detectó la Justicia en la causa principal.
En la Casa Rosada afirman que "no hay preocupación" por las menciones indirectas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de la investigación. También descartan tensiones por los llamados a declaración del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y del exdirector de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini. Voceros oficiales remarcan que "a Karina no la mencionan, es una inferencia", y sostienen que el avance de la Justicia "es muy rápido".
En Balcarce 50 niegan, además, que las inscripciones "KM, SC, ML, PAMI y CZ" halladas en cuadernos secuestrados en el allanamiento al departamento de Miguel Ángel Calvete estén vinculadas a un presunto esquema de corrupción. Las atribuyen, en cambio, a cambios administrativos en el sistema de compras.
El Gobierno insiste en que modificará el esquema de contratación de la ANDIS una vez finalizada la auditoría y a medida que avance el proceso judicial, iniciado tras la filtración de audios en los que Spagnuolo denuncia un presunto pedido de coimas en el organismo. En paralelo, reconocen que analizan ejecutar compras de manera directa a los laboratorios, sin intervención de droguerías. Aclaran, sin embargo, que la transición "será larga" por los costos administrativos, financieros y legales que implica. También prevén dar de baja contrataciones que hoy están bajo la lupa judicial.
Según datos de ejecución del Ministerio de Economía, la ANDIS destina $3,1 billones a gastos de "seguridad social", $556.054,96 millones a "salud" y $5300 millones a "promoción y asistencia". La próxima funcionaria citada por Casanello es Lorena Di Giorno, convocada a declarar el 28 de noviembre.
La causa investiga presuntos direccionamientos de contratos millonarios y pedidos de coimas. Al menos cuatro droguerías —Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta— figuran con indicios de haber sido beneficiadas de manera sistemática. Toda esa documentación debería quedar reflejada en la auditoría que el Ejecutivo se comprometió a entregar antes de fin de año.