La Cámara de Diputados otorgó media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil, una iniciativa que introduce cambios estructurales en el tratamiento de los delitos cometidos por menores de edad. El punto más relevante del proyecto es la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, una modificación que redefine el alcance del sistema penal en materia juvenil.
El proyecto, impulsado por Patricia Bullrich, fue aprobado con 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones. La votación reflejó un mapa político nítido y tensiones internas en distintos espacios, especialmente al momento de tratar los artículos en particular.
Una votación con alineamientos definidos
El oficialismo logró articular una mayoría amplia para avanzar con la iniciativa. Acompañaron la propuesta los bloques del PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuentro Federal, Independencia, La Neuquinidad, Producción y Trabajo y Por Santa Cruz, que votaron junto con los libertarios.
En la vereda opuesta, el peronismo logró mantenerse unido para rechazar la iniciativa en la votación en general. Incluso sumó a los diputados de Elijo Catamarca, que responden al gobernador Raúl Jalil, consolidando un frente de oposición al proyecto en esa instancia.
Sin embargo, la cohesión peronista mostró fisuras en la votación en particular. Los diputados del Frente Renovador tomaron distancia y avalaron la baja de la edad de punibilidad. Según dejaron trascender, la decisión buscó "respetar la posición histórica del espacio", recordando que en 2015 habían presentado un proyecto de Código Penal que ya fijaba el límite en los 14 años.
Este movimiento introdujo un matiz relevante en el debate parlamentario, evidenciando diferencias estratégicas dentro del arco opositor respecto de uno de los ejes centrales de la reforma.
Los ejes centrales del nuevo régimen
El nuevo Régimen Penal Juvenil no se limita a modificar la edad de imputabilidad. La iniciativa estructura un sistema integral que combina sanciones penales, medidas alternativas y garantías específicas para los menores condenados.
Entre los puntos más destacados se encuentran:
Baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.
Pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves.
Implementación de penas alternativas para delitos con condenas menores a los 10 años.
Creación de institutos especiales para menores condenados.
Reconocimiento expreso de los derechos de las víctimas dentro del proceso penal juvenil.
En cuanto a las penas máximas, el proyecto establece hasta 15 años de prisión para delitos graves como:
- Homicidios
- Robos violentos
- Abusos sexuales
- Secuestros
Al mismo tiempo, la normativa prevé una batería de penas alternativas para los delitos cuya condena sea menor a los 10 años de prisión. Entre ellas se incluyen:
- Amonestación
- Prohibición de acercamiento a la víctima
- Servicios comunitarios
- Monitoreo electrónico
- Reparación integral del daño
- Prohibición de concurrir a determinados lugares
- Prohibición de conducir vehículos
Este esquema busca establecer un sistema escalonado, diferenciando entre delitos de extrema gravedad y aquellos de menor entidad.
Institutos especializados y garantías específicas
Uno de los aspectos centrales del proyecto es el énfasis en la creación de institutos especiales destinados exclusivamente a menores condenados. La norma establece que en esos espacios deberá garantizarse:
El derecho a la educación
La atención médica
Tratamiento en caso de adicciones
Asimismo, se dispone que todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia, reforzando el enfoque específico en esta franja etaria.
El texto es categórico en otro punto sensible: queda terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores, estableciendo una separación absoluta entre menores y adultos en el sistema de detención.
Suspensión del proceso y mediación penal juvenil
El régimen también incorpora herramientas procesales orientadas a infracciones leves. Se habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil, con condiciones precisas:
Intervención obligatoria de todas las partes.
Consentimiento expreso de la víctima.
Estos mecanismos introducen instancias alternativas al juicio tradicional, bajo parámetros formales claramente establecidos.
El reconocimiento expreso de las víctimas
Otro de los ejes centrales del proyecto es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza una serie de derechos específicos, entre ellos:
Derecho a ser informadas.
Derecho a ser escuchadas.
Derecho a contar con patrocinio jurídico.
Derecho a recibir asistencia psicológica.
Derecho a participar en instancias relevantes del proceso.
Participación en mecanismos restaurativos cuando corresponda.
La inclusión formal de estos derechos configura un cambio relevante en la estructura del proceso penal juvenil, al incorporar de manera explícita la perspectiva de quienes resultan afectados por los delitos.