La etapa de ejecución de la sentencia en la denominada causa Vialidad ha tomado un rumbo definitivo este jueves tras una presentación de alto impacto. Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola elevaron un escrito formal ante el Tribunal Oral Federal N.° 2, solicitando el decomiso inmediato de una vasta y detallada lista de bienes pertenecientes a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al empresario Lázaro Báez.
Esta medida surge luego de que el Ministerio Público Fiscal lograra identificar nuevos activos vinculados a las personas condenadas en el proceso judicial que investigó el direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz.
El pedido de los representantes fiscales no se limita a una formalidad administrativa, sino que se fundamenta en la imperiosa necesidad de garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia dictada. Los fiscales informaron a los magistrados que, tras una exhaustiva labor de rastreo patrimonial, se localizaron propiedades y activos financieros que hasta el momento no habían sido afectados directamente para cubrir el daño causado al erario público.
La solicitud técnica busca que el tribunal ordene el decomiso como parte integral de la ejecución de la condena, asegurando que estos recursos pasen a la órbita del Estado para reparar la defraudación a la administración pública que fuera acreditada durante el debate oral.
El patrimonio en la mira: inmuebles, vehículos y divisas
La magnitud del patrimonio identificado por los fiscales Luciani y Mola es sumamente significativa y abarca diversas categorías de activos distribuidos en distintos puntos del territorio nacional. En total, la solicitud de decomiso comprende un conjunto de 141 propiedades, las cuales se desglosan según su titularidad jurídica en trece inmuebles que corresponden a sociedades de la familia Kirchner y otros 128 inmuebles vinculados a sociedades relacionadas con el empresario Lázaro Báez. A este extenso listado se suman 46 automotores de distinta gama y diversas sumas de dinero que se encuentran bajo custodia o identificadas en el sistema bancario.
Dentro del inventario de propiedades inmuebles destaca un bien con un valor simbólico y logístico fundamental para la situación actual de la exmandataria: el departamento ubicado en la calle San José 1111. Este domicilio cobra especial relevancia en la escena judicial actual dado que es el sitio específico donde la exjefa de Estado cumple actualmente su prisión domiciliaria. Además de los bienes físicos, la fiscalía ha puesto el foco en importantes sumas de divisas, incluyendo 4.664.000 dólares hallados en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, junto con otros 992.134 dólares depositados en una caja de ahorro del Banco Galicia y un remanente de 53.280,24 pesos en efectivo.
El argumento central que esgrimen los fiscales para avanzar con este decomiso forzoso reside en el vencimiento de los plazos legales para el pago de la multa civil impuesta en la condena. Según detallaron Luciani y Mola, las personas condenadas en la causa Vialidad fueron debidamente intimadas a depositar una suma que asciende a los 684.990.350.139,86 pesos en concepto de reparación por el perjuicio patrimonial. A pesar de la contundencia del fallo y de que el plazo fijado para efectuar dicho depósito venció hace ya varios meses, los fiscales denunciaron que, hasta el momento, los condenados no habrían efectuado ningún pago o movimiento para saldar la deuda con el Estado.
Ante esta resistencia a cumplir con la carga pecuniaria de la sentencia, la fiscalía sostiene que el decomiso de los activos identificados representa la única vía legal restante para asegurar la recuperación de los fondos. Ahora, la resolución de este conflicto queda exclusivamente en manos del Tribunal Oral Federal N.° 2.
Los magistrados deberán analizar exhaustivamente la presentación de la fiscalía y resolver si avanzan con el decomiso de los 141 inmuebles, los vehículos y el dinero solicitado. Este paso es crucial para dar cierre al proceso de ejecución de la sentencia y marcar un precedente en la recuperación de activos derivados de delitos de corrupción administrativa en la historia judicial del país.