El Gobierno nacional avanza con una reestructuración profunda en la Procuración del Tesoro y planea despedir a empleados que sospecha de haber filtrado información confidencial en el marco del juicio internacional por la expropiación de YPF. La Casa Rosada asegura contar con pruebas de que trabajadores del organismo habrían comercializado datos sensibles con los fondos demandantes, lo que generó un perjuicio directo contra el Estado argentino.
"Es un delito grave", afirman en Balcarce 50, donde no descartan realizar presentaciones judiciales contra los involucrados. La reorganización estará a cargo del titular de la Procuración, Santiago Castro Videla, y alcanzaría a varias áreas internas con acceso a expedientes clave, especialmente aquellos vinculados a las apelaciones que tramitan ante la Justicia de los Estados Unidos.
La Procuración del Tesoro tiene actualmente una planta de 242 empleados y un presupuesto de $8.662 millones. Administra seis direcciones nacionales: Asuntos Judiciales, Dictámenes, Sumarios e Investigaciones Administrativas, Auditoría, Asuntos y Controversias Internacionales, y la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado.
Los subprocuradores Julio Pablo Comadira y Juan Stampalija —quien lleva adelante la defensa argentina en el litigio por YPF— también supervisan la Dirección de Coordinación Técnica Administrativa, que incluye áreas de Presupuesto, Finanzas, Recursos Humanos, Compras y Sistemas. El organismo también gestiona el Registro Único de Integrantes del Cuerpo de Abogados del Estado (RUICAE) y el Registro de Colaboradores y Consultores Técnicos (RECCOT).
"El rediseño busca mejorar la eficiencia", sostienen desde la Procuración, aunque en el oficialismo admiten que los recientes indicios de filtraciones fueron determinantes para impulsar los cambios. "Tuvimos una serie de casos que nos llevaron a actuar", remarcan.
En paralelo, los abogados del Estado preparan escritos para insistir ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York con la solicitud de postergar la ejecución de la sentencia de la jueza Loretta Preska, que ordenó transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos litigantes.
Según el cronograma judicial, los demandantes (Burford Capital) deberán presentar su oposición a la solicitud de suspensión antes del 17 de julio, mientras que la Argentina tendrá tiempo hasta el 22 de julio para replicar. Luego, el pedido será evaluado por el siguiente panel disponible del tribunal.
