Luego de no conseguir los votos necesarios en el Congreso para designar a los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema, el Gobierno de Javier Milei planea nombrarlos por decreto. Esta decisión, según fuentes oficiales, podría oficializarse el miércoles mediante su publicación en el Boletín Oficial.

Estrategia del Gobierno para garantizar la presencia de los jueces en la apertura de sesiones

El objetivo principal de esta medida es que ambos jueces estén presentes en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el próximo 1 de marzo. Sin embargo, la decisión enfrenta obstáculos legales y políticos. Desde el Palacio de Tribunales han advertido que, si el Gobierno recurre a decretos "en comisión" para completar la Corte Suprema, los jueces designados deberán renunciar a sus cargos actuales antes de asumir. Esto genera incertidumbre sobre la viabilidad del nombramiento, ya que un juez federal podría quedar sin cargo en caso de no obtener el aval del Congreso en un plazo de ocho meses.

El trasfondo de la falta de votos en el Senado

La sesión para discutir el pliego de Lijo estaba prevista para el pasado viernes, pero no se llevó a cabo debido a la falta de votos. Ante este panorama, el oficialismo filtró alternativas para sortear el obstáculo legislativo. Una de las estrategias que se barajaron en Casa Rosada fue nombrar por decreto a los "jueces más libertarios" disponibles. Entre los nombres que circularon se encuentran Ricardo Rojas y Ricardo Ramírez Calvo. No obstante, esta medida fue vista en el Congreso como una forma de presionar a la oposición para que respalde las nominaciones originales.

Plazo límite para definir el futuro de Lijo

El tiempo juega en contra del oficialismo, ya que la fecha límite para resolver el destino de Lijo en el Senado es el próximo viernes, cuando finaliza la convocatoria a sesiones extraordinarias firmada por Milei. El pliego de Lijo fue enviado al Congreso hace casi un año junto con el de García-Mansilla. Si bien el proceso avanzó en la Cámara Alta con una audiencia pública y el despacho de comisión, la falta de consenso sigue siendo un obstáculo.

Consecuencias políticas y judiciales de la decisión presidencial

El intento de designar jueces por decreto podría generar un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. En el ámbito jurídico existen dudas sobre la legalidad de esta vía, lo que podría derivar en impugnaciones y conflictos institucionales. Además, la posibilidad de que los jueces tengan que renunciar a sus cargos actuales antes de asumir eleva el riesgo de que la estrategia fracase.