El Gobierno nacional decidió profundizar su intervención en una de las investigaciones judiciales más sensibles que involucran al fútbol argentino. A través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Estado fue aceptado formalmente como querellante en la causa penal que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presunta evasión impositiva y retención indebida de tributos y aportes a la Seguridad Social.
La causa alcanza directamente al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y a su principal colaborador, el tesorero Pablo Toviggino, quienes ya se encuentran imputados en el expediente. El monto total bajo investigación supera los $19.300 millones, según surge de la denuncia inicial y su posterior ampliación.
La resolución fue adoptada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien aceptó la presentación de ARCA como parte querellante, una decisión clave que habilita al organismo recaudador a intervenir activamente en el proceso, solicitar medidas de prueba, requerir informes contables y promover nuevas acciones dentro del expediente.
La acusación y el rol de la AFA como agente de retención
Según detalló ARCA en su presentación judicial, la AFA habría actuado como agente de retención de tributos nacionales y recursos de la Seguridad Social, realizando efectivamente los descuentos correspondientes a terceros obligados, pero omitiendo luego ingresar esos fondos al Fisco dentro de los plazos legales establecidos.
"La maniobra atribuida a la AFA consiste en haber practicado las retenciones y no haber depositado los importes retenidos en tiempo oportuno", advirtió el organismo. Para ARCA, esta conducta configura el delito de omisión, ya que el deber jurídico de ingresar los fondos surge directamente de la condición de agente de retención.
Desde el punto de vista penal, el organismo sostuvo que la infracción se consuma con el incumplimiento del depósito, sin necesidad de probar una intención específica de apropiación, dado que el dinero retenido no pertenece a la entidad, sino que es considerado recurso del Estado desde el mismo momento de la retención.
Montos bajo investigación
De acuerdo con la denuncia original, se detectaron $7.593.903.512,23 en obligaciones que no habrían sido depositadas en tiempo y forma. Esa cifra se encuentra dividida en dos grandes rubros: retenciones impositivas y retenciones correspondientes a la Seguridad Social.
Posteriormente, ARCA amplió la acusación con una nueva presentación judicial en la que se sumaron $11.759.643.331,62, correspondientes a períodos comprendidos entre marzo de 2024 y julio de 2025, tanto en materia tributaria como previsional.
Desde el organismo recaudador aclararon que los $11.759 millones corresponden únicamente a esta ampliación y que deben sumarse a los montos denunciados con anterioridad. De este modo, el total bajo investigación supera los $19.300 millones, una cifra que ubica a la causa entre las más relevantes en materia de delitos económicos vinculados al deporte.
La imputación y el elemento subjetivo del delito
ARCA remarcó que los fondos cuestionados no constituyen recursos propios de la AFA, sino dinero ajeno que pertenece al Estado. Por ese motivo, su no ingreso implicaría una indebida apropiación de caudales públicos.
En cuanto al aspecto subjetivo del delito, el organismo sostuvo que se configura con dolo, entendido como el conocimiento del deber legal y la posibilidad real de cumplirlo. "La AFA conocía su obligación, había practicado las retenciones y estaba en condiciones de realizar el depósito, optando sin embargo por omitirlo", subrayaron.
Con la aceptación de ARCA como querellante, la causa entra ahora en una nueva etapa procesal, que podría derivar en pedidos de indagatoria, peritajes contables y nuevas imputaciones, en un contexto que vuelve a poner bajo la lupa la gestión económica de la principal entidad del fútbol argentino.
