El Ministerio de Seguridad Nacional anunció una nueva medida que prohíbe el funcionamiento de centros de estudiantes dentro del Servicio Penitenciario Federal. A través de la Resolución 372/2025, publicada en el Boletín Oficial, se establece que los internos ya no podrán organizarse en estas agrupaciones ni permanecer en los centros educativos fuera del horario de clases asignado.

Las razones detrás de la prohibición

Según la resolución, el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, detectó que algunos internos utilizaban los centros educativos como un mecanismo para evitar otras actividades obligatorias de reinserción social, como el trabajo penitenciario y las tareas de mantenimiento e higiene en espacios comunes. La normativa se sustenta en la Ley N° 24.660, que establece que el tratamiento penitenciario debe ser obligatorio en aspectos como la convivencia y el trabajo, mientras que la educación es voluntaria.

El documento señala que la permanencia prolongada en los centros educativos generó "relevantes alteraciones en materia de seguridad" dentro de las cárceles. Además, permitió que algunos internos avanzaran en el régimen progresivo sin cumplir con sus responsabilidades, lo que llevó al Ministerio a considerar la prohibición como una medida necesaria para garantizar el cumplimiento de las normas establecidas.

Impacto en la reinserción social

Uno de los principales argumentos de la ministra Patricia Bullrich es que la resolución busca evitar que el sistema educativo en cárceles sea utilizado como un recurso para eludir el tratamiento penitenciario. Desde el Ministerio se enfatiza que la reinserción social efectiva no puede depender exclusivamente de la educación, sino que debe complementarse con el trabajo y la disciplina dentro de los establecimientos carcelarios.

A pesar de la prohibición, el Gobierno aseguró que esta medida no afecta el derecho a la educación de los internos. La educación sigue estando garantizada bajo la Ley N° 26.695 y otras normativas vigentes. Sin embargo, la normativa aclara que la participación en actividades educativas no debe obstaculizar el cumplimiento de otras obligaciones dentro del penal.

Reacciones y debate en torno a la medida

La decisión ha generado un intenso debate en distintos sectores. Organizaciones de derechos humanos y algunos especialistas en reinserción social han cuestionado la prohibición, argumentando que los centros de estudiantes dentro de las cárceles han servido como una herramienta fundamental para mejorar el acceso a la educación y fomentar la integración de los internos a la sociedad.

Por otro lado, quienes apoyan la medida consideran que es un paso necesario para evitar que algunos internos utilicen la educación como una excusa para eludir el cumplimiento del tratamiento penitenciario. Desde el Gobierno, se insiste en que el objetivo principal es garantizar un sistema más ordenado y efectivo para la readaptación de los internos.

La prohibición de los centros de estudiantes en cárceles federales marca un nuevo enfoque en la política penitenciaria del Gobierno, priorizando la disciplina y el cumplimiento de las normas de reinserción. Aunque la medida ha generado polémica, las autoridades sostienen que es un paso necesario para mejorar la seguridad y la administración dentro del sistema carcelario. Queda por verse si esta decisión tendrá un impacto positivo en la reinserción social de los internos o si, por el contrario, dificultará el acceso a la educación en los penales.