En una decisión que marca un punto de inflexión en la política de control automotor nacional, el Gobierno oficializó este lunes a través del Boletín Oficial el Decreto 139/2026. Con esta medida, el Poder Ejecutivo ratificó la reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV), rechazando de manera contundente el reclamo presentado por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica (CATRAI). Los representantes del sector habían solicitado frenar las modificaciones introducidas previamente por el Decreto 196/25, argumentando que la apertura del sistema podría comprometer la seguridad vial y la independencia técnica de las inspecciones.

La postura oficial frente al conflicto sectorial

A pesar de la resistencia de la CATRAI, que advirtió sobre los riesgos de modificar el esquema de control tradicional, el Gobierno decidió sostener los pilares de su reforma. La administración nacional fundamenta este cambio en una visión modernizada del parque automotor y del comportamiento vial. Desde la perspectiva oficial, los vehículos actuales han incorporado estándares de seguridad significativamente superiores a los de décadas anteriores.

Asimismo, el argumento central de la Casa Rosada para avanzar con la desregulación es la estadística: el Ejecutivo sostiene que la inmensa mayoría de los siniestros viales no tienen su origen en deficiencias mecánicas, sino que son consecuencia directa del error humano. Bajo esta premisa, la reforma busca simplificar el sistema administrativo, reducir los costos asociados para los propietarios de vehículos y dinamizar la oferta mediante la libre competencia.

Nuevos plazos y alcance de la reforma

El nuevo esquema regulatorio altera profundamente la periodicidad con la que los ciudadanos deberán cumplir con el trámite, ajustándose a la mayor confiabilidad de las unidades modernas. La normativa establece que los vehículos patentados como 0 km deberán realizar su primera revisión técnica recién a los cinco años del patentamiento. Por su parte, los autos con una antigüedad de hasta diez años deberán cumplir con el control de forma bianual, es decir, cada dos años.

Además de los plazos, la reforma diversifica los prestadores del servicio al eliminar la exclusividad de los centros de revisión tradicionales. A partir de ahora, se habilita formalmente a las concesionarias, importadores y talleres mecánicos para que realicen las inspecciones. Este cambio se complementa con la implementación de la libre negociación de precios entre los prestadores habilitados y los usuarios, eliminando así los aranceles fijos que regían bajo el sistema anterior.

Un nuevo paradigma en la revisión vehicular

La eliminación de la exclusividad para realizar las revisiones técnicas es, quizás, el cambio más disruptivo. Al integrar a concesionarias e importadores en el proceso de verificación, el Estado busca descentralizar el servicio y mejorar la accesibilidad geográfica y temporal para los usuarios. Esta medida, complementada con la eliminación de diversos trámites administrativos, apunta a desburocratizar una gestión que durante años fue vista como un proceso rígido y de costo elevado.

La ratificación del Decreto 139/2026 deja claro que la intención gubernamental es avanzar hacia un modelo donde la responsabilidad y la elección del servicio recaigan en una oferta más amplia y competitiva. Mientras el sector de talleres tradicionales se mantiene expectante ante los efectos de esta desregulación, los ciudadanos contarán, a partir de ahora, con un nuevo calendario de vencimientos y una mayor flexibilidad para cumplir con el control obligatorio de sus rodados. La confrontación entre la visión de seguridad técnica histórica y el nuevo enfoque de eficiencia y mercado parece haber encontrado, por el momento, un cierre definitivo por la vía administrativa.