El Gobierno decidió no aplicar las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, luego de que el Congreso rechazara los vetos presidenciales. Aunque ambas normas serán promulgadas, desde Nación no se asignarán recursos presupuestarios para su implementación, siguiendo la estrategia utilizada previamente con la Ley de Emergencia en Discapacidad.
"Así como están, las leyes quedan en suspensión hasta que se defina de dónde sacar la plata", indicaron fuentes oficiales. Desde la Casa Rosada reconocen que el aumento de fondos para el Hospital Garrahan tendría un impacto menor en las cuentas fiscales, pero decidieron no aplicarlo para mantener coherencia con el rechazo al incremento de fondos para universidades.
Impacto en Catamarca
Para Catamarca, la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario podría afectar el presupuesto de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa) y otras casas de estudios de la provincia, en especial en áreas de salarios, becas estudiantiles y gastos de funcionamiento. Según estimaciones nacionales, la ley prevé un aumento del 32% en gastos de funcionamiento y un 40% en salarios, además de la actualización de becas, partidas que no se ejecutarían mientras se dilata la aplicación.
En cuanto a la Emergencia Pediátrica, los hospitales provinciales —incluido el Hospital de Niños Eva Perón de Catamarca— podrían verse afectados en la disponibilidad de recursos para residencias médicas, personal asistencial y no asistencial. La suspensión de los fondos limita la posibilidad de ampliar prestaciones y mejorar la infraestructura hospitalaria en la provincia.
El Ejecutivo planea dilatar la firma de la promulgación de las leyes hasta el límite jurídico de diez días hábiles tras la notificación del Congreso. En paralelo, anunció una inversión parcial de $30.000 millones para obras en el Hospital Garrahan, estrategia que busca minimizar el impacto político de la suspensión de fondos.
Desde Balcarce 50 explican que la decisión se fundamenta en el impacto fiscal, y se apoyan en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que obliga a especificar las fuentes de financiamiento de cualquier gasto no previsto en el presupuesto. La estrategia apunta a no judicializar las normas, de manera que cualquier presentación sea realizada por particulares y se dilaten los procesos, con la intención de postergar la ejecución de fondos hasta la aprobación del Presupuesto 2026, que también definirá partidas para Catamarca.
