El Gobierno nacional ya trabaja en la reglamentación de la reforma laboral con un objetivo explícito: blindar la norma ante una judicialización que en la Casa Rosada consideran inevitable. En el oficialismo dan por descontado que este viernes se logrará la media sanción en el Senado y que la ley enfrentará impugnaciones judiciales apenas entre en vigencia. Con ese escenario proyectado, el Ejecutivo busca publicar el decreto reglamentario en el Boletín Oficial durante la primera semana de marzo, incorporando definiciones que reduzcan márgenes de interpretación y litigiosidad.

Según pudo saber TN, el texto reglamentario está siendo revisado por equipos técnicos y jurídicos con una premisa clara: consolidar una arquitectura normativa que ordene la aplicación práctica de los artículos más sensibles. En Nación sostienen que la reglamentación debe precisar aspectos vinculados a la transición, vigencia y alcance de la reforma, puntos que consideran especialmente expuestos a planteos de inconstitucionalidad y amparos.

Reglamentación como "blindaje" técnico

En el Ejecutivo repiten que la judicialización es un escenario "inevitable". Por eso, la letra fina del decreto reglamentario adquiere un rol estratégico. La Casa Rosada apuesta a que funcione como un blindaje técnico en dos dimensiones centrales:

Cómo se aplica la ley a relaciones laborales ya existentes.

Cómo se instrumentan los nuevos procedimientos previstos en la reforma.

En el oficialismo reconocen que la reglamentación será determinante para acotar conflictos en los primeros casos testigo que lleguen a tribunales. La intención es reducir la discrecionalidad interpretativa y anticipar controversias jurídicas antes de que escalen en el sistema judicial.

El Senado terminará de ratificar la iniciativa el viernes, lo que habilitará formalmente la etapa de implementación. Pero la discusión política ya se traslada al terreno judicial.

Rediseño del mapa judicial laboral

En paralelo al trabajo reglamentario, el Gobierno apoya su estrategia en el rediseño del mapa judicial laboral, incorporado al debate de la reforma. En el oficialismo remarcan: "Por eso disolvimos el fuero", en referencia al esquema de traspaso de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires y a la progresiva disolución del fuero nacional una vez formalizado el acuerdo.

El sustento normativo de ese giro tuvo un avance concreto con el decreto 95/2026, que delegó en el jefe de Gabinete la facultad de suscribir el acuerdo de transferencia de competencias judiciales laborales del ámbito nacional a CABA. En el propio texto del proyecto se contempla la "vigencia transitoria" de la Justicia Nacional del Trabajo hasta que se instrumente la transferencia y luego su "progresiva disolución".

El Gobierno argumenta que esta arquitectura cumple un rol político y jurídico simultáneo: reducir la incidencia del fuero laboral nacional, señalado por el oficialismo como más adverso en los primeros planteos contra la reforma. No obstante, el traspaso no es automático y exige pasos institucionales, incluida la implementación operativa en la Ciudad.

La respuesta sindical y el frente judicial

El frente sindical ya anticipó que recurrirá a los tribunales para cuestionar distintos artículos de la reforma. Los gremios ponen el foco en principios constitucionales como la protección del trabajo y la no regresividad de derechos, e impulsarán demandas contra la medida apenas entre en vigencia.

En Balcarce 50 reconocen que la disputa será intensa y que el proceso judicial podría terminar definiéndose en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde el oficialismo sostienen que la obligación de adecuar fallos a la jurisprudencia del máximo tribunal forma parte del esquema diseñado para acotar cautelares y unificar criterios en los tribunales inferiores.

"Creemos que tenemos condiciones para ganar disputa judicial", expresan en el entorno gubernamental, convencidos de que la combinación entre reglamentación precisa y reconfiguración del esquema judicial laboral puede fortalecer la defensa de la norma.

Un escenario de alta tensión institucional

La reforma laboral se encamina así a una segunda fase marcada por la disputa interpretativa y el control judicial. El Ejecutivo busca anticiparse a esa etapa con un decreto reglamentario que limite zonas grises y ordene la aplicación de los artículos más sensibles.

La primera semana de marzo aparece como fecha clave para la publicación de la reglamentación, en un contexto donde el Gobierno da por hecho que la confrontación judicial formará parte del proceso de implementación. El resultado final, según admiten en la Casa Rosada, podría definirse en la Corte Suprema, consolidando un escenario donde la batalla normativa y política se trasladará a los tribunales.

La estrategia oficial combina precisión técnica, rediseño institucional y expectativa de respaldo jurisprudencial. Del otro lado, el sindicalismo anticipa impugnaciones centradas en garantías constitucionales. Entre ambos frentes, la reglamentación se convierte en la pieza central de una disputa que excede el debate parlamentario y que se proyecta como uno de los capítulos más relevantes del nuevo ciclo laboral.