El escenario legislativo nacional ha dado un paso decisivo en torno a uno de los debates más sensibles y postergados de la agenda pública. El oficialismo, en una muestra de capacidad de articulación con sectores aliados y la denominada oposición dialoguista, consiguió hoy el dictamen de mayoría para el proyecto de creación de un nuevo Régimen Penal Juvenil.
La iniciativa, que tiene como eje central la reducción de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, obtuvo el respaldo de 75 firmas, lo que garantiza su tratamiento inmediato en el recinto.
La presidencia de la comisión de Legislación Penal, a cargo de Laura Rodríguez Machado, fue la encargada de conducir el plenario donde se selló el destino inicial de la propuesta. El despacho de mayoría fue fruto de una coalición legislativa integrada por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo, y el MID.
Este consenso habilitó que la iniciativa sea sometida a votación mañana mismo, en una sesión especial convocada a partir de las 11 hs. Por el contrario, los bloques de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda mantuvieron una postura de rechazo tajante, formulando duras críticas al corazón del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.
Los ejes del nuevo Régimen Penal Juvenil
Más allá de la controversial reducción de la edad de punibilidad, el dictamen establece un marco normativo que busca modernizar el tratamiento de los menores en conflicto con la ley penal. La propuesta del oficialismo introduce las siguientes variables técnicas y operativas:
- Sanciones alternativas: se propone un abanico de castigos que actúen como opción a las penas privativas de la libertad.
- Separación de reclusos: establece de forma taxativa que los menores no deben mezclarse con adultos en los centros de reclusión.
- Enfoque de resocialización: incluye medidas complementarias destinadas a la reinserción social de los jóvenes.
- Límites a las penas: el proyecto descarta de plano la reclusión perpetua para menores y fija un máximo de 15 años de prisión.
- Escalabilidad punitiva: para delitos con penas menores a 3 años, se descarta la prisión. Para aquellos con penas de entre 3 y 10 años que no hayan ocasionado muerte o lesiones graves, se priorizarán sanciones con enfoque social y educativo.
Un punto fundamental exigido por los bloques dialoguistas fue el compromiso de recursos. El dictamen contempla un financiamiento específico para garantizar la aplicabilidad del régimen: se asignarán más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.
Cruces y polémica en el plenario
El inicio del debate estuvo signado por la confrontación directa. La tensión escaló cuando Rodríguez Machado dio inicio a la sesión antes del arribo de la totalidad de los legisladores. En ese contexto, el diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Grabois, protagonizó un fuerte cruce con el libertario Manuel Quintar. Ante los reclamos de Grabois por la demora, Quintar lo instó a "dejar de payasear" y lo acusó de montar "un show", defendiendo la urgencia de tratar la baja de la edad de imputabilidad.
Desde la oposición, la diputada Victoria Tolosa Paz reconoció que el sistema actual es "vetusto" y que "atrasa 100 años", pero calificó la propuesta oficialista como un "mamarracho" que se encuentra "a la derecha de la derecha". Tolosa Paz ratificó que su bloque presentaría un dictamen propio basado en la justicia restaurativa y la especificidad.
En contrapartida, Silvana Giudici (LLA) rebatió estas acusaciones sosteniendo que el proyecto no busca un "castigo vengativo". Giudici apeló a datos regionales, señalando que en Chile la tasa de reincidencia juvenil bajó un 28% tras una reforma similar. Por su parte, Myriam Bregman (FIT) tildó el planteo de "marketinero y falso", advirtiendo que la iniciativa busca ocultar desigualdades reales y que "los hijos del poder no se tocan". El debate también contó con la voz del sacerdote y diputado Juan Carlos Molina, quien definió la iniciativa como "caranchera" y "oportunista".
Mañana, a las 11 horas, la Cámara baja será el escenario final donde se definirá si este nuevo régimen se convierte en ley, marcando un hito en la política criminal de la Argentina.