La tarde del miércoles se transformó en un escenario de máxima tensión política y enfrentamientos físicos en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Mientras el Senado debatía la reforma laboral, un proyecto que cuenta con el rechazo explícito del peronismo y de centrales sindicales de la talla de la CGT y ambas vertientes de la CTA, el Poder Ejecutivo Nacional fijó una postura inamovible frente a los disturbios. El Gobierno no dudó en calificar de "delincuentes organizados" a los manifestantes que protagonizaron incidentes y atacaron el perímetro de seguridad.
El propio presidente Javier Milei lideró la respuesta oficial desde sus redes sociales, enviando un mensaje directo a los sectores que cuestionan los métodos de su gestión. El mandatario advirtió que "del otro lado tenemos esto", en referencia a las imágenes de violencia, y arremetió contra quienes denominó "catadores de modales y formas". En una declaración cargada de confrontación, Milei tildó de "campeones de plumas cobardes" a quienes callan frente al accionar de los grupos violentos pero critican al Gobierno por dar la pelea fuera de lo que llamó "sus formitas fracasadas".
Incidentes y tensión en las inmediaciones del Senado
Los hechos que motivaron la dura réplica gubernamental ocurrieron cuando diversas organizaciones de izquierda, que se encontraban acompañando el reclamo de grupos de jubilados, procedieron a tirar el vallado dispuesto por las fuerzas de seguridad. Este despliegue de protección se encontraba ubicado sobre la avenida Entre Ríos para contener el avance de las columnas que marchaban por avenida Rivadavia. La situación escaló rápidamente hacia un enfrentamiento directo, en un contexto donde el descontento social por la reforma laboral se cruzó con la movilización semanal de los adultos mayores.
La gestión libertaria interpretó estos sucesos no como una protesta legítima, sino como una maniobra planificada para generar inestabilidad. Según la visión oficial, los incidentes no fueron aislados, sino que respondieron a una lógica de confrontación con las fuerzas federales. En este sentido, el Gobierno buscó trazar una línea divisoria clara entre el debate democrático que se producía dentro del recinto y lo que consideraron actos de vandalismo explícito en la vía pública, reforzando la narrativa de que se enfrenta a una oposición que utiliza la violencia como herramienta política.
El fin de los "aprietes" y la doctrina de orden
El ministro del Interior, Diego Santilli, reforzó esta línea argumental a través de sus canales oficiales de comunicación. Santilli fue tajante al desestimar la representatividad de quienes encabezaban los reclamos violentos, afirmando que estos grupos no son defensores de los trabajadores, sino delincuentes organizados. El funcionario vinculó directamente la agitación callejera con la defensa de intereses económicos corporativos, asegurando que en Argentina se termina el apriete a los laburantes y lo que denominó como el "choreo de la industria del juicio", uno de los puntos centrales que el Gobierno busca atacar con la reforma en tratamiento.
Por su parte, la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, sumó su análisis sobre la metodología de las agrupaciones presentes. Bullrich consideró que el único idioma que conocen estos sectores es la violencia y las caras tapadas, sugiriendo que recurren a estas prácticas porque carecen del respaldo necesario en las urnas. Para la senadora, la protesta es apenas una excusa cuyo objetivo real es el desorden social.
Su mensaje final fue una ratificación de la doctrina de seguridad del Ejecutivo: instó a la oposición a debatir y ganar dentro del Congreso, advirtiendo que, en la calle, la ley y el orden se respetan sin concesiones.
