El Gobierno nacional apeló el fallo del juez federal Martín Cormick que había declarado la nulidad del protocolo antipiquetes y, según informó el Ministerio de Seguridad, el juzgado concedió el recurso con "ambos efectos". Esto implica que la sentencia judicial queda suspendida hasta que la Cámara resuelva la apelación, por lo que el protocolo puede seguir aplicándose en todo el país, incluida la provincia de Catamarca.
El amparo colectivo había sido presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que argumentó la inconstitucionalidad del protocolo diseñado e implementado durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad. En primera instancia, el juez Cormick dio lugar al planteo, pero la apelación del Gobierno dejó esa decisión en suspenso hasta una definición del tribunal superior.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, celebró la resolución judicial a través de su cuenta en la red social X. "El protocolo sigue vigente. La Justicia nos dio la razón: concedió el recurso que presentamos y suspendió los efectos de la sentencia que declaraba la nulidad del Protocolo. El Protocolo sigue vigente y puede aplicarse", expresó.
En la misma línea, la funcionaria agregó: "Lo dijimos ayer y lo reafirmamos hoy: no vamos a dar un paso atrás. El orden recuperado se sostiene con decisión y reglas claras".
Controversias por la aplicación del protocolo
En su fallo, el juez Cormick sostuvo que "se conforma —de manera manifiesta— la ilegitimidad de la Resolución 943/23 y —en consecuencia— corresponde declarar su nulidad en los términos del artículo 1° de la ley 16.986 por carecer de los elementos exigidos en el artículo 7° de la ley 19.549 para ser considerado un acto administrativo válido".
Asimismo, indicó que las personas que se consideren perjudicadas por la aplicación del protocolo podrán realizar las denuncias correspondientes ante la Justicia. "Las personas que se han visto afectadas frente a actos producidos por las fuerzas policiales y/o de seguridad en ejercicio de las instrucciones recibidas en el citado Protocolo —Resolución 943/23— deberán, de modo individual, denunciar ante la Justicia en lo Penal, que actuará acorde a las competencias que la ley le otorga", precisó.
Tras conocerse el fallo, el Gobierno confirmó que apelaría la decisión, lo que se concretó en menos de 24 horas. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", afirmó Monteoliva.
Finalmente, la ministra reiteró la postura oficial: "No vamos a dar un paso atrás. Este protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos. Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz".
