El Senado de la Nación realizará este jueves una sesión en la que el principal objetivo será avanzar con la sanción definitiva del proyecto de Ley de Discapacidad, una iniciativa que cuenta con el respaldo de todo el arco político debido a que mantiene los principales componentes del régimen de emergencia vigente, cuya aplicación vence en diciembre.
La convocatoria está prevista para las 11 y contempla un temario con diferentes iniciativas legislativas. Sin embargo, la atención estará concentrada en el proyecto destinado a fortalecer y garantizar la continuidad del sistema de prestaciones para las personas con discapacidad, que se buscará convertir en ley.
El acompañamiento de las distintas fuerzas políticas está relacionado con la decisión de conservar los principales beneficios contemplados en la normativa de emergencia que finalizará a fin de año. La propuesta procura dar continuidad a esas prestaciones mediante un nuevo marco legal que deje atrás el carácter transitorio del régimen actual.
La agenda parlamentaria fue analizada este miércoles por la tarde durante una reunión de Labor Parlamentaria, desarrollada en el despacho de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel. En ese encuentro se abordaron los asuntos que integrarán la sesión y se definieron los principales temas que serán considerados por los legisladores.
Además del proyecto de discapacidad, el temario incluye iniciativas vinculadas con la cooperación internacional en materia de patentes, la propiedad privada y la denominada Ley Joaquín.
Entre los asuntos previstos para el tratamiento se encuentran:
Tratado de Cooperación en Materia de Patentes: proyecto de adhesión al acuerdo.
Propiedad Privada: iniciativa para restablecer la Ley de Tierras.
Ley Joaquín: proyecto incorporado al temario de la sesión.
Ley de Discapacidad: iniciativa que concentrará el debate y cuyo objetivo es obtener la sanción definitiva.
Aunque la Cámara alta abordará distintas cuestiones legislativas, el proyecto de discapacidad tendrá un lugar prioritario por su alcance y por el consenso político que consiguió reunir.
El nuevo régimen
La iniciativa lleva el nombre de "Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad" y reproduce prácticamente todo el esquema de beneficios establecido en la Ley 27.793. Su principal modificación consiste en eliminar el carácter de emergencia y transitoriedad de esas disposiciones para convertirlas en una normativa permanente y de orden público.
El objetivo es que las garantías y prestaciones contempladas tengan continuidad más allá de los períodos de emergencia y de los cambios de gobierno. De esta manera, el proyecto busca establecer un marco legal estable para el funcionamiento del sistema de discapacidad.
La transformación del régimen constituye uno de los aspectos centrales de la propuesta, porque permite pasar de un esquema condicionado por una declaración de emergencia a una legislación con vocación de permanencia. La iniciativa conserva los principales beneficios vigentes y establece disposiciones específicas sobre pensiones, empleo, actualización de aranceles, cobertura médica, financiamiento y controles administrativos.
Pensiones por discapacidad no contributiva
Uno de los puntos más importantes del proyecto está relacionado con la posibilidad de compatibilizar el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad con el desarrollo de una actividad laboral formal o la inscripción en el régimen de monotributo.
La propuesta establece que los beneficiarios podrán mantener la pensión siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. La prestación equivale al 70% del haber jubilatorio mínimo y el beneficio alcanza a las personas que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Esta disposición incorpora expresamente la posibilidad de que quienes perciben una pensión puedan desarrollar una actividad laboral o registrarse como monotributistas sin perder automáticamente la prestación, siempre dentro del límite de ingresos establecido.
El proyecto contempla así la continuidad del beneficio económico bajo determinadas condiciones y establece un criterio de compatibilidad entre la protección social y la participación en el ámbito laboral.
Nomenclador único y actualización periódica de los aranceles
Otro componente relevante de la iniciativa es la conservación del principio de nomenclador único, junto con la ratificación de un mecanismo de actualización automática y periódica de los aranceles correspondientes a las prestaciones.
El texto establece que esos valores deberán actualizarse de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC). La disposición incorpora un criterio de actualización que busca acompañar la evolución de los indicadores económicos contemplados en el mecanismo establecido por la normativa.
De esta manera, el proyecto mantiene el nomenclador único y establece que los aranceles de las prestaciones no queden sujetos a una actualización indefinida o desvinculada del índice de referencia.
La propuesta también garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para todas aquellas personas que perciban la pensión por discapacidad. Este componente sanitario forma parte del esquema de beneficios que el proyecto pretende conservar y transformar en permanente, junto con las prestaciones económicas y los mecanismos de actualización.
Financiamiento
La iniciativa incorpora además una disposición específica para garantizar el financiamiento del sistema. En ese sentido, establece que la asignación presupuestaria correspondiente al Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.
La cláusula fija un parámetro para la distribución de los recursos destinados al área sanitaria, tomando como referencia el presupuesto del período precedente y estableciendo que la asignación no podrá quedar por debajo de ese nivel en términos reales.
Este aspecto forma parte de las previsiones destinadas a sostener el funcionamiento del sistema y garantizar los recursos presupuestarios necesarios para las políticas vinculadas con la discapacidad.
La incorporación de esta garantía financiera se suma a las disposiciones sobre prestaciones, pensiones y cobertura médica, conformando un esquema que busca establecer condiciones de continuidad para los distintos componentes del régimen.
Auditorías periódicas y cruce de información entre organismos del Estado
El proyecto también contempla la creación de un sistema de auditorías periódicas, que incluirá el cruce de información entre diferentes organismos públicos.
El mecanismo prevé la participación de cuatro organismos y sistemas estatales:
ANSES: Administración Nacional de la Seguridad Social.
ARCA: Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
SINTyS: Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social.
RENAPER: Registro Nacional de las Personas.
La iniciativa establece que el intercambio de información entre estas dependencias deberá desarrollarse bajo el principio del debido proceso inclusivo.
La incorporación de estas auditorías constituye otro de los componentes del nuevo régimen y establece un mecanismo de revisión periódica mediante la articulación de información de distintas áreas del Estado. De esta manera, el texto combina la continuidad de las prestaciones y los beneficios con procedimientos de control y seguimiento administrativo.
Compensaciones adeudadas y reglamentación
Durante las negociaciones parlamentarias se incorporó una cláusula transitoria a pedido de los bloques aliados. Esta disposición contempla dos cuestiones fundamentales para la implementación de la futura normativa. En primer lugar, establece un cronograma para el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores. La incorporación de este punto responde a la necesidad de establecer previsiones concretas respecto de las obligaciones pendientes con quienes brindan las prestaciones comprendidas en el sistema.
En segundo término, fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.
Este límite temporal establece un período determinado para que el Gobierno complete el proceso de reglamentación una vez que la ley sea sancionada y promulgada, conforme corresponda. La cláusula transitoria fue incorporada a partir de un pedido de los bloques aliados y constituye uno de los cambios acordados durante el tratamiento de la iniciativa.