En una decisión que marca un fuerte reordenamiento en la administración pública, el Gobierno nacional oficializó este martes la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. Las funciones de estos tres organismos, hasta ahora bajo la órbita del Ministerio de Transporte, serán reasignadas al Ministerio de Economía y a la Gendarmería Nacional, según lo establece el Decreto 461/2025 publicado en el Boletín Oficial.
La medida, que se enmarca en el cierre del período de emergencia habilitado por la Ley Bases, modifica la estructura de organismos con fuerte presencia en la gestión del transporte y la infraestructura vial. A partir de ahora, el estudio, la construcción, conservación y mejoras de la red vial nacional quedarán en manos del Ministerio de Economía, que podrá delegar estas funciones a otras jurisdicciones. Toda referencia a la Dirección Nacional de Vialidad en normativas y documentos deberá entenderse como referida a esa cartera.
El decreto justifica la disolución de Vialidad por una "estructura compleja" con "altos costos operativos" y una "falta de agilidad en la ejecución de proyectos". Además, menciona una desproporción entre la cantidad de personal administrativo y operativo. El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue más allá: calificó al organismo como "un ícono de la corrupción".
En la misma línea, el texto oficial deja abierta la puerta a una mayor participación privada en el mantenimiento de rutas. "La gestión concesionada muestra una eficiencia superior a la estatal", señala, sugiriendo que el nuevo modelo vial priorizará las concesiones a empresas privadas.
Por su parte, el control y la fiscalización de las concesiones viales —tanto actuales como futuras— pasarán a la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. Este organismo reemplazará a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), también disuelta, aunque conservará su carácter autárquico. El Gobierno asegura que esta reorganización busca reforzar los controles, optimizar el desempeño técnico y garantizar una gestión más eficiente y transparente.
En cuanto a la ANSV, sus principales competencias pasarán a la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Economía. Sin embargo, se destaca un cambio relevante: la prevención y el control del tránsito en rutas nacionales serán responsabilidad exclusiva de la Gendarmería Nacional. La fuerza de seguridad federal quedará habilitada para constatar infracciones y podrá colaborar con otras jurisdicciones mediante convenios.
Otro punto clave es el manejo de los fondos: el 1% de la prima de seguros automotores, que hasta ahora financiaba a la ANSV, será redirigido al Ministerio de Economía. Esa cartera podrá utilizar esos recursos para financiar tareas delegadas a otras entidades.
Finalmente, el decreto crea la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, que reemplazará a la actual Junta de Seguridad en el Transporte. Esta transformación forma parte de una posible reforma más amplia en el sistema de seguridad del transporte aéreo.
Con esta batería de cambios, el Gobierno cierra una etapa de emergencia normativa y redefine el rol del Estado en materia vial y de transporte, con un modelo que prioriza la centralización, el control fiscal y la participación del sector privado.