A pocas horas del debate por la reforma laboral, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, denunció presiones y amenazas dirigidas a diputados y senadores del peronismo para impedir que acompañen el proyecto impulsado por el Gobierno nacional, cuyo objetivo es modernizar las relaciones entre trabajadores y empresarios. La advertencia dejó al descubierto la fuerte tensión interna que atraviesa el justicialismo en la antesala de una votación decisiva.

El eje del conflicto se concentra en el bloque Convicción Federal, integrado por cinco senadores que mantienen una posición ambigua respecto del bloque peronista mayoritario, compuesto por 28 legisladores. La definición de ese grupo resultará determinante para el desenlace de la votación, que se resolverá este miércoles en el Senado.

Mientras tanto, la Casa Rosada aceleró las negociaciones con los gobernadores para asegurar una victoria en el primer tramo parlamentario, en un escenario marcado por la presión sindical, la resistencia del kirchnerismo y un clima político cada vez más tenso.

Las declaraciones de Sáenz se produjeron en el momento más delicado de la negociación. El oficialismo busca quebrar la disciplina interna del peronismo para alcanzar la mayoría necesaria, mientras el sector alineado con el kirchnerismo intenta unificar posturas para bloquear una ley considerada estratégica para el modelo libertario.

El anticipo de ese escenario ya tuvo expresiones concretas en Misiones, Salta y, más recientemente, Jujuy. En ese último caso, el apoyo de la senadora Carolina Moisés al Presupuesto derivó en la intervención del Partido Justicialista provincial.
"Amenazan con repetir eso en otros distritos. Podría ser Tucumán o, incluso, La Rioja", señaló una fuente partidaria que pidió reserva.

Según fuentes legislativas, en las últimas semanas los integrantes de Convicción Federal y otros senadores del interior recibieron llamados desde distintos niveles del peronismo. Algunos contactos respondieron a la lógica política tradicional, pero otros incluyeron advertencias explícitas sobre las consecuencias internas de respaldar al oficialismo.

El bloque señalado está integrado por Carolina Moisés (Jujuy), Fernando Aldo Salino (San Luis), Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Jesús Fernando Rejal (La Rioja). La postura de este grupo, que expresa intereses provinciales y no responde de manera automática a la conducción nacional del PJ, se convirtió en un factor central de la negociación.

En este contexto se inscriben las declaraciones de Sáenz, que pusieron en palabras un malestar que venía gestándose en silencio.
"Tenemos voluntad de acompañar la reforma laboral y de ayudar, pero también queremos que nos escuchen", afirmó el gobernador, marcando distancia tanto del alineamiento automático con el Gobierno como del rechazo cerrado promovido por el kirchnerismo.

Luego profundizó su denuncia en una entrevista televisiva:
"Hay gobernadores y diputados que han sido hasta amenazados con que les iban a intervenir el partido". Según explicó, el mecanismo es directo: si los legisladores no votan en contra del proyecto, la conducción nacional avanza con la intervención de las estructuras provinciales del PJ.

Sáenz recordó antecedentes concretos de intervenciones partidarias en Salta, Misiones y Jujuy, que —según describió— funcionaron como castigos políticos. No se trató de hipótesis, sino de hechos consumados.

En la lógica que expuso, el control del sello partidario constituye la principal herramienta de disciplinamiento interno. En muchas provincias, el PJ sigue siendo la plataforma electoral central: perderla implica quedar expuesto frente a rivales internos, resignar estructura territorial, financiamiento y capacidad de armado político.

"Es la única herramienta electoral que tienen muchos gobernadores", explicó. En un sistema donde los sellos alternativos suelen ser débiles y las alianzas inestables, perder el partido equivale, en muchos casos, a quedar políticamente desarmado.

Mientras el peronismo intenta procesar su interna, el Gobierno profundizó su ofensiva hacia los mandatarios provinciales. En la Casa Rosada consideran que la relación con los gobernadores será decisiva para asegurar los votos y evitar sorpresas en el recinto.

En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene prevista una reunión con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, con eje en financiamiento, obra pública y asistencia fiscal. En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, recibirá al mandatario de Chaco, Leandro Zdero, con una agenda que incluye recursos provinciales, programas nacionales y apoyo legislativo.

Desde el oficialismo aclaran que no se trata de encuentros protocolares, sino de una estrategia sistemática para reconstruir alianzas, ofrecer incentivos concretos y neutralizar resistencias. En el entorno presidencial lo resumen sin eufemismos:
"Sin las provincias, no pasa".