Luego de las readecuaciones de listas, 217 precandidatos dieron de baja su participación en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia de Buenos Aires.
La situación se dio tras el entrecruzamiento de las casi 40.000 precandidaturas oficializadas por la Junta Electoral del distrito. Allí, el Juzgado Federal N°1 de La Plata con competencia electoral, a cargo de Alejo Ramos Padilla, detectó que varias agrupaciones tenían en sus listas a personas que figuraban como precandidatos simultáneamente en categorías de orden nacional, provincial y municipal; mientras que algunas aparecían como precandidatos en distintas listas internas del mismo partido y, en otras ocasiones, en agrupaciones diferentes.
Tras ello, intimó a quince agrupaciones a regularizar sus nóminas y les otorgó un plazo de 12 horas para que presentaran la readecuación de acuerdo a la normativa vigente, según informaron fuentes judiciales.
Se tratan de “Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad”, “Frente Patriota Federal”, partido “Confianza Pública”, partido “Todos por Buenos Aires”, partido “Buenos Aires Primero”, alianza “Hacemos por nuestro país”, partido “Proyecto Joven”, partido “Construyendo Porvenir” y partido “Justicia y Dignidad Patriótica, de acuerdo a lo detallado.
Además, están involucrados el “Partido Unidad Social”, partido “Movimiento de Avanzada Socialista”, partido “Política Obrera”, partido “Movimiento de Organización Democrática”, partido “Vocación Social” y partido “Política Abierta para la Integridad Social”.
El Juzgado sostuvo luego de analizar las candidaturas que, tanto el artículo 22 de la ley nacional 26.571 como el artículo 3 de la ley provincial 14.086 establecen que quienes se presenten como candidatos para las PASO únicamente pueden hacerlo para una sola agrupación, un solo cargo y una sola categoría.
También solicitó la colaboración de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), debido a que comenzó a recopilar la información sobre el circuito de impresión de las boletas, desde la importación del papel hasta su entrega con motivo de verificar la trazabilidad y transparencia en el uso de los fondos públicos y las contrataciones de las imprentas.