La escena política nacional se ha visto sacudida por una fuerte denuncia que apunta directamente a la gestión de los recursos estratégicos de la provincia de Catamarca. El senador nacional Flavio Fama ha formalizado una cuestión de privilegio contra el gobernador Raúl Jalil, fundamentada en las presuntas irregularidades que rodean el traspaso de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) a la jurisdicción provincial.
Para el legislador, este movimiento no representa un avance en la autonomía federal, sino más bien una maniobra de connivencia, impunidad, nepotismo y corrupción que pone en jaque la estabilidad financiera y ética de las casas de altos estudios en todo el país.
El impacto sistémico sobre la educación superior
El núcleo del conflicto reside en cómo este acuerdo afecta la distribución de los beneficios de la minería estatal. Según Fama, el pacto establecido con la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) genera un perjuicio directo sobre la totalidad del sistema universitario argentino, pero golpea con especial dureza a la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa). El senador argumenta que, en un contexto de desfinanciamiento y crisis como el que atraviesa la educación superior, desviar o malversar recursos provenientes de un ente nacional como YMAD resulta inadmisible.
La crítica hacia la UNT es particularmente severa. El senador sostiene que el traspaso implica devolver recursos a una institución que ya los recibió en el pasado y, lo que es más grave, los malgastó. En su exposición, recordó que la historia reciente de la mencionada universidad tucumana está manchada por la justicia, con un rector y funcionarios condenados por malversación de fondos. Esta situación, a juicio de Fama, envía un mensaje devastador a la sociedad: en un momento donde el sistema universitario es cuestionado bajo acusaciones de supuesta corrupción, la validación de estos acuerdos solo sirve para profundizar el descrédito de las instituciones públicas.
El debate postergado en el recinto nacional
Uno de los puntos centrales de la cuestión de privilegio es la omisión del Poder Legislativo Nacional en este proceso. Flavio Fama asegura que la maniobra debe discutirse obligatoriamente en el Congreso de la Nación. Esta exigencia se basa en que la estructura jurídica de YMAD está regida por una ley con más de 70 años de antigüedad, la cual establece que los beneficios y la gobernanza del yacimiento trascienden los límites provinciales para impactar en las universidades de cada una de las provincias argentinas. Por lo tanto, cualquier modificación sustancial en su administración debería pasar por el tamiz del debate parlamentario nacional para garantizar su transparencia y legalidad.
Nepotismo y el blindaje de la impunidad
La denuncia del senador escala hacia el ámbito personal y familiar de la gestión provincial. Fama puso el foco sobre una polémica cláusula de indemnidad aprobada recientemente en la legislatura catamarqueña. Esta normativa, descrita por el legislador como una "barbaridad", tiene como fin primordial eximir de cualquier responsabilidad administrativa o legal a los funcionarios que forman parte de YMAD. Según el análisis del senador, este blindaje jurídico parece estar diseñado a medida para proteger a los actores involucrados en la transición del yacimiento.
En este marco, la acusación de nepotismo cobra una fuerza inusitada. Fama vinculó la aprobación de esta exención de responsabilidades con la designación del hermano del gobernador dentro de la estructura de mando. El legislador fue tajante al señalar que la familia Jalil posee una empresa de la cual se desconoce quién ejerce las auditorías pertinentes, sugiriendo que el traspaso de YMAD no busca el beneficio del pueblo catamarqueño o de su universidad, sino el fortalecimiento de un esquema de poder privado bajo el amparo de la gestión pública. Para el senador, el cierre de este círculo de impunidad mediante leyes de excepción representa un retroceso democrático que el Congreso no puede permitir.