El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, dispuso este jueves una ampliación del Presupuesto 2026 de más de 4 billones de pesos mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Entre las principales decisiones incluidas en la norma se encuentra un incremento de los recursos destinados a las universidades nacionales, medida que el propio Ejecutivo considera como el primer paso para cumplir con la cautelar dictada por la Justicia que lo obliga a aplicar parte de la Ley de Financiamiento Educativo.

Además del refuerzo para el sistema universitario, el decreto contempla nuevas partidas para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y asignaciones adicionales para el Poder Judicial, el Ministerio Público, el área de Salud y el Poder Legislativo, mientras que también establece recortes sobre empresas públicas nacionales.

La decisión fue oficializada mediante su publicación en el Boletín Oficial, donde se detallan las reasignaciones presupuestarias y los montos correspondientes a cada jurisdicción.

Más recursos para las universidades nacionales

Uno de los puntos centrales del decreto corresponde al programa Desarrollo de la Educación Superior, dependiente del Ministerio de Capital Humano. La norma establece una reasignación de 1,33 billones de pesos, de los cuales el 98% será destinado a transferencias a las universidades nacionales, mientras que el porcentaje restante será utilizado para el pago de becas.

Según lo dispuesto por el Ejecutivo, la totalidad de ese refuerzo presupuestario será financiada con recursos del Tesoro Nacional.

La decisión generó expectativa entre las universidades nacionales y los gremios del sector, que aguardan la implementación de la resolución judicial vinculada con la Ley de Financiamiento Educativo.

El cumplimiento de la cautelar judicial

El incremento de las partidas presupuestarias se produce luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el último recurso presentado por el Gobierno nacional y dejara firme la cautelar que habilita el cumplimiento de parte de la Ley de Financiamiento.

La resolución judicial respalda el amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y garantiza el pago de la totalidad de los salarios adeudados a docentes y no docentes, además de las becas estudiantiles. De acuerdo con los cálculos realizados por los rectores de las universidades nacionales, la recomposición salarial debería ubicarse en torno al 25%.

Ese cálculo contempla que, como consecuencia del acuerdo salarial firmado a fines de mayo —desarrollado paralelamente al proceso judicial sobre la aplicación de la ley—, los haberes ya recibieron un incremento del 21,3%, mientras que otro 3% está previsto para octubre próximo.

Cuándo se distribuyen los fondos

Pese a la ampliación presupuestaria, desde el Poder Ejecutivo buscaron moderar las expectativas respecto de una inmediata distribución de los recursos.

Las fuentes consultadas por Clarín explicaron que, debido a que la cautelar continúa vigente, el Gobierno recibió los créditos necesarios para poder cumplirla, aunque señalaron que esa ejecución podría concretarse entre mañana y el 31 de diciembre. En ese mismo sentido, el Ejecutivo reconoció que la reasignación representa el "primer paso para cumplir la cautelar", aunque aclaró que ello "no significa que vayamos a depositar rápidamente los fondos. Hoy no hay una decisión".

La postura oficial refleja que, si bien la ampliación presupuestaria ya fue aprobada, la distribución efectiva de los recursos todavía no tiene una fecha definida.

El contexto del conflicto universitario

La discusión por el financiamiento universitario se desarrolló en el marco de la actualización salarial de docentes y no docentes.

Según la información difundida, la falta de actualización de los salarios había provocado una pérdida aproximada del 50% de los ingresos frente a la inflación.

Esa situación motivó la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo por parte del Congreso durante 2025. Posteriormente, el presidente Javier Milei vetó esa norma, aunque el Congreso insistió con su aprobación mediante el voto favorable de dos tercios en cada Cámara, permitiendo que la ley quedara vigente.

El fallo emitido por la Corte Suprema el 25 de junio, al dejar firme lo resuelto por las instancias inferiores, fue interpretado como un importante respaldo para las universidades nacionales.

Refuerzo presupuestario para la SIDE 

Además del aumento destinado al sistema universitario, el decreto asigna nuevos recursos a diferentes organismos del Estado. Entre ellos figura la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que recibirá un refuerzo de 49.261 millones de pesos.

La información señala que se trata de uno de los diez incrementos más importantes contemplados por el decreto y precisa que el organismo es conducido por Cristian Auguadra, identificado como un hombre de Santiago Caputo.

También fueron beneficiadas otras jurisdicciones:

• Poder Judicial: 111.138 millones de pesos adicionales.
• Ministerio Público: 230.460 millones de pesos.
• Salud: 158.349 millones de pesos.
• Poder Legislativo: 89.422 millones de pesos adicionales.

Estas reasignaciones forman parte del esquema general de ampliación presupuestaria dispuesto por el Ejecutivo.

Los principales recortes del decreto

La norma también contempla reducciones presupuestarias que, según la información difundida, recaen principalmente sobre empresas públicas nacionales. El mayor ajuste corresponde a partidas incluidas dentro de Obligaciones a Cargo del Tesoro.

Las empresas alcanzadas son:

• Energía Argentina S.A. (ex IEASA o ENARSA): reducción de 238.395 millones de pesos en transferencias corrientes.
• Nucleoeléctrica Argentina (NASA): disminución de 65.000 millones de pesos en transferencias de capital.

En conjunto, ambas reducciones representan 303.395 millones de pesos, cifra que equivale a casi el 87% de todo lo recortado mediante el decreto.