El clima parlamentario en la República Argentina ha alcanzado un punto de ebullición tras la reciente media sanción de la reforma laboral. En el epicentro de esta crisis institucional se encuentra la diputada nacional por Santa Fe, Florencia Carignano, integrante del bloque de Unión por la Patria, quien tras protagonizar incidentes técnicos y verbales en el recinto, decidió romper el silencio con una postura de absoluta confrontación. Lejos de las disculpas protocolares, la legisladora reivindicó su conducta y lanzó un desafío directo a las autoridades de la Cámara y al bloque oficialista al asegurar de forma tajante que volvería a repetir sus actos.
La controversia, que ha escalado a niveles de pedido de remoción definitiva de su cargo, se originó en una de las sesiones más accidentadas del período legislativo actual. Durante el debate por la flexibilización laboral, diversos registros de cámaras de seguridad y dispositivos móviles captaron a la exdirectora de Migraciones realizando una maniobra inusual al desconectar los cables de los micrófonos y equipos de los taquígrafos. Esta acción buscaba, de manera deliberada, interrumpir el registro oficial de la sesión y, con ello, forzar una parálisis en el avance de una ley que el kirchnerismo ha calificado públicamente como un atentado contra los derechos fundamentales de los trabajadores.
Justificación de la resistencia y el desafío al oficialismo
En declaraciones radiales brindadas a Radio 10, Carignano minimizó las duras críticas recibidas y buscó encuadrar su accionar dentro de una lógica de resistencia política. Para la legisladora santafesina, la gravedad del proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei justifica cualquier medio para frenar lo que ella considera el desmantelamiento de ochenta años de conquistas laborales. En su argumentación, sostuvo que la sesión no debía llevarse a cabo bajo ninguna circunstancia y que se sentía obligada a hacer cualquier cosa para evitarlo, cuestionando además a quienes se escandalizan por la manipulación de un cable mientras se vota una ley que ella describe como un negocio para pocos y una fuente de precarización para los sectores asalariados.
Durante la entrevista, Carignano también apuntó contra los sectores dialoguistas de la Cámara, a quienes acusó de ser cómplices de la pérdida de derechos de los ciudadanos. Al ser consultada sobre si existía algún grado de arrepentimiento por los incidentes que protagonizó, los cuales incluyeron fuertes gritos cruzados con la diputada Lilia Lemoine, la legisladora fue contundente al manifestar que, si el objetivo es defender a los trabajadores, repetiría su accionar una y mil veces. Esta ratificación del sabotaje técnico ha encendido aún más los ánimos en un Congreso que ya se encontraba profundamente dividido por el tenor de las reformas económicas propuestas por el Ejecutivo.
El pedido de expulsión y la respuesta de La Libertad Avanza
La respuesta de La Libertad Avanza no se hizo esperar y se tradujo en la presentación de un proyecto de resolución para pedir la expulsión inmediata de Carignano de la Cámara de Diputados. El bloque oficialista fundamenta este pedido en las figuras de "inhabilidad moral" y en la realización de "conductas contrarias al orden democrático". Según los fundamentos del escrito, los actos de la diputada constituyen un sabotaje ilegal que buscó impedir de forma violenta el normal funcionamiento de una de las instituciones fundamentales del Estado nacional.
Desde el oficialismo afirmaron que no permitirán que la violencia y el vandalismo se conviertan en herramientas de uso parlamentario, subrayando que el Congreso debe sancionar de manera ejemplar a quienes deciden no respetar las reglas de juego de la democracia. El bloque libertario sostiene que la conducta de Carignano excede cualquier tipo de inmunidad o privilegio legislativo, ya que representó un ataque físico a la infraestructura técnica que garantiza la transparencia y el registro público de las leyes. La resolución de este conflicto quedará ahora en manos del cuerpo legislativo, que deberá evaluar si las declaraciones y el accionar de la diputada son compatibles con la permanencia en su banca.
