La Argentina enfrenta un escenario epidemiológico crítico que, según expertos e instituciones especializadas, podría agravarse de manera irreversible debido a los drásticos recortes en las políticas de prevención y detección temprana. Mientras enfermedades como la sífilis registraron un crecimiento récord del 71% en 2025 respecto al promedio del quinquenio anterior, el sistema sanitario nacional muestra señales de un preocupante repliegue en la provisión de herramientas básicas para el control de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
La situación del VIH en el país refleja una tendencia alarmante: los diagnósticos pasaron de un promedio de 5.300 (2018-2022) a 6.900 (2023-2024). Sin embargo, el dato más grave reside en la oportunidad del hallazgo. Según Leda Guzzi, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), actualmente una de cada dos personas se diagnostica en fase avanzada, lo que implica que el sistema inmune ya está muy deteriorado y que el virus circula sin ser detectado durante años, aumentando la posibilidad de transmisión involuntaria.
Este deterioro en la detección temprana ocurre en un contexto donde el Boletín Epidemiológico Nacional también reporta un aumento del 65,9% en las notificaciones de tuberculosis entre 2020 y 2025. Los especialistas deslindan que este fenómeno responde a múltiples factores, desde nuevas modalidades de vinculación sexo-afectivas más "exprés" mediadas por aplicaciones y el no uso de preservativo, hasta la pérdida de cobertura de seguridad social por el desempleo, lo que obliga a muchos pacientes a recurrir exclusivamente al sistema público.
El recorte presupuestario en números: el fin de la prevención integral
De acuerdo con el análisis del presupuesto 2026 realizado por la Fundación Huésped, el Estado ha virado su estrategia hacia un enfoque limitado casi exclusivamente a sostener los tratamientos actuales, omitiendo la inversión en prevención. Este cambio de rumbo se traduce en cifras de distribución de insumos que han caído a niveles históricos en comparación con el año 2023:
- Tests rápidos de VIH: se prevé una distribución de 581.000 unidades para 2026, lo que representa una reducción del 49,3% respecto al millón de unidades entregadas en 2023. En 2025, el total ejecutado según datos oficiales fue de cero.
- Preservativos: tras un 2025 sin compras oficiales, la meta para 2026 (33,5 millones de unidades entre los programas de VIH y Salud Sexual) no alcanza a compensar el último año de faltantes y reduce a menos de la mitad lo estipulado en 2023, cuando se planificaban más de 55 millones de unidades.
- Reactivos para carga viral: para 2026 se proyectan 116.215 pruebas, cifra insuficiente para garantizar los dos controles anuales por persona que recomienda ONUSIDA para asegurar que el paciente sea Indetectable = Intransmisible (I=I).
- Tratamientos de Tuberculosis: se pasará de 14.000 tratamientos de primera elección en 2023 a 12.450 en 2026, una caída del 11%.
El infectólogo José Barletta, del Hospital Fernández y docente de la UBA, subraya que la medicina cuenta hoy con avances revolucionarios, como el inyectable de acción prolongada con eficacia cercana al 100%. No obstante, advierte que "podemos tener los mejores tratamientos, pero si no hay compromiso político para que eso llegue a las personas, no vamos a terminar con la epidemia".
Un aspecto crítico es la desaparición de las metas presupuestarias para las profilaxis pre y posexposición (PrEP y PEP). Mientras que en 2023 se asistió a más de 13.000 personas con estas herramientas, en las proyecciones para 2025 y 2026 estos ítems han sido borrados de las metas físicas. Esta omisión, según los especialistas, no solo compromete la planificación sanitaria, sino que invisibiliza herramientas esenciales para los jóvenes menores de 35 años, el grupo donde más aumentan las infecciones y que menos concurre al sistema de salud tradicional.
Al reducirse la compra centralizada de reactivos y preservativos —una responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional bajo la Ley 27.675—, el acceso a la salud queda condicionado a la capacidad de las provincias para comprar insumos o al bolsillo del paciente.
Como concluye Barletta, el repliegue estatal deja a las personas más vulnerables al margen de la atención. Sin una inversión sostenida en prevención y detección temprana, el país se encamina a una crisis de salud pública donde los costos en tratamientos futuros y la pérdida de productividad por enfermedades crónicas superarán con creces cualquier ahorro presupuestario inmediato.
