El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) definió que las audiencias del juicio oral por la causa Hotesur-Los Sauces serán presenciales y se realizarán tres veces por semana, una decisión que implica que Cristina Kirchner deberá asistir a Comodoro Py durante el desarrollo del debate.
La definición fue adoptada este viernes durante la audiencia preliminar convocada para organizar el proceso judicial, que contará con más de 40 imputados y prevé la declaración de entre 200 y 300 testigos. Además de Cristina Kirchner, entre los principales acusados se encuentran Máximo Kirchner, Lázaro Báez y Víctor Manzanares, histórico contador de la familia Kirchner. El expediente también incluye a empresarios, exdirectivos, profesionales y otras personas vinculadas con las sociedades que forman parte de la investigación.
El juicio estará a cargo de los jueces José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni, quienes tendrán bajo su responsabilidad el desarrollo de un debate que deberá abordar las distintas acusaciones y pruebas reunidas durante la investigación.
Un juicio presencial y con tres jornadas por semana
La modalidad presencial quedó establecida en el marco de la audiencia preliminar realizada para definir la organización del juicio.
El cronograma prevé una frecuencia de tres jornadas semanales, teniendo en cuenta la cantidad de personas imputadas y el número de testigos que podrían declarar a lo largo del debate oral. La decisión implica que Cristina Kirchner deberá concurrir a Comodoro Py durante el debate oral, al igual que los demás acusados alcanzados por el proceso en los términos que establezca el desarrollo de las audiencias.
Las maniobras que investiga el expediente
La causa Hotesur-Los Sauces investiga presuntas maniobras de lavado de dinero, asociación ilícita y dádivas vinculadas con las empresas Hotesur y Los Sauces, pertenecientes a la familia Kirchner.
La investigación apunta a determinar si determinadas operaciones comerciales realizadas entre esas sociedades y empresas vinculadas con Lázaro Báez y el Grupo Indalo, de Cristóbal López, fueron utilizadas para canalizar fondos de origen ilícito. La acusación sostiene que compañías relacionadas con Báez y López realizaron pagos a las sociedades hoteleras e inmobiliarias de la familia Kirchner y que esas operaciones habrían funcionado como una pantalla para introducir en el circuito legal fondos provenientes de actividades ilícitas.
El expediente también contempla la imputación por dádivas a partir de las relaciones comerciales entre Cristina Kirchner, mientras ejercía funciones públicas, y contratistas del Estado. De esta manera, el juicio deberá analizar el circuito comercial y financiero que se habría desarrollado entre las empresas de la familia Kirchner y compañías relacionadas con empresarios que tuvieron contratos con el Estado.
El caso de Florencia Kirchner
A diferencia de otros integrantes de la familia, Florencia Kirchner no llegará a juicio. La Cámara Federal de Casación Penal resolvió en 2023 mantener su sobreseimiento al considerar que era menor de edad cuando comenzó la estructura que es objeto de la investigación.
Por lo tanto, el debate oral incluirá a más de 40 imputados, pero no contará con la participación de Florencia Kirchner en calidad de acusada.
La pericia contable y las demoras
La definición sobre la modalidad de las audiencias se produjo después de un período de demoras en el expediente, vinculadas principalmente con una pericia contable considerada relevante para avanzar hacia el debate oral.
El TOF 5 había desplazado a uno de los peritos que intervenía en ese estudio luego de reiteradas intimaciones que no habían sido respondidas. En su lugar, fueron designados especialistas de la Corte Suprema para completar el análisis pendiente.
La medida había sido solicitada por las defensas de Cristina Kirchner y Lázaro Báez y se concentra, entre otros aspectos, en la operatoria de la inmobiliaria Los Sauces y en los contratos vinculados con las sociedades investigadas. El estudio debe comparar los contratos celebrados para la explotación de establecimientos pertenecientes a la familia Kirchner y determinar si los montos pactados se correspondían con las condiciones existentes en el mercado.
La pericia también incluye el análisis de:
- Cantidad y ocupación de habitaciones.
- Tarifas aplicadas.
- Servicios facturados.
- Personal.
- Temporadas.
- Principales clientes.
Además, alcanza los balances correspondientes al período 2009-2013 y busca establecer la evolución de las utilidades y disponibilidades de las empresas, así como determinar si los resultados registrados eran compatibles con la actividad desarrollada.
Los pagos investigados y las pruebas incorporadas
Según la fiscalía, Lázaro Báez pagó más de $27 millones entre 2009 y 2013 mediante Valle Mitre por la explotación de hoteles, entre ellos el Alto Calafate. A esa cifra se sumaron otros $11 millones provenientes de empresas del Grupo Austral, en operaciones que incluyeron habitaciones que, de acuerdo con la acusación, no fueron ocupadas.
Estos movimientos forman parte de las operaciones que serán analizadas en el proceso judicial, dentro de la hipótesis acusatoria que investiga si determinados pagos entre empresas tuvieron como finalidad canalizar fondos de origen ilícito.
Entre las pruebas incorporadas al expediente también aparecen pedidos de información bancaria sobre movimientos de fondos, datos de empresas transportadoras de caudales y registros relacionados con consumos y pagos de servicios e impuestos de establecimientos hoteleros de El Calafate.
La vinculación con la causa Vialidad
La causa Hotesur-Los Sauces está vinculada con el caso Vialidad, en el que Cristina Kirchner y Lázaro Báez fueron condenados. Mientras aquella causa tuvo su propio recorrido judicial, el expediente Hotesur-Los Sauces se concentra en el análisis del circuito comercial y financiero entre las empresas de la familia Kirchner y compañías relacionadas con empresarios que tuvieron contratos con el Estado.
Con la decisión del TOF 5 de establecer audiencias presenciales tres veces por semana, la causa ingresa en una etapa de organización del debate oral que deberá reunir a más de 40 imputados y a una extensa cantidad de testigos.
El juicio estará a cargo de José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni y tendrá entre sus principales puntos de análisis las presuntas maniobras vinculadas con lavado de dinero, asociación ilícita y dádivas, además de la documentación comercial, financiera y contable incorporada durante la investigación.
La definición conocida este viernes establece así las condiciones bajo las cuales se desarrollará el debate, con la presencialidad como modalidad para las audiencias y la obligación de asistencia de Cristina Kirchner a Comodoro Py en el marco del juicio por la causa Hotesur-Los Sauces.