En un escenario marcado por la reciente renuncia de Marco Lavagna al frente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la ex diputada y fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ha lanzado una advertencia tajante sobre la transparencia de las cifras oficiales. Para la dirigente, la decisión del Gobierno de postergar la implementación de un nuevo índice de precios no constituye una cuestión técnica menor, sino un golpe directo a la confianza pública en un momento de fragilidad económica.
Carrió sostuvo con firmeza que esta determinación oficial "le quita credibilidad totalmente al INDEC". Según su visión, el organismo se encuentra hoy en una encrucijada donde la continuidad de una metodología obsoleta impide capturar con fidelidad la erosión real de los ingresos. La ex diputada remarcó que el problema central de este desfasaje radica en el peso de los servicios dentro de la canasta de consumo, un elemento que ha ganado protagonismo frente a otros rubros en los últimos años.
La distorsión de la canasta: un modelo de 2005
El núcleo del conflicto analizado por la ex legisladora radica en la base de datos utilizada para calcular la inflación mensual. Carrió vinculó de forma directa la salida de Lavagna con la decisión del Poder Ejecutivo de continuar operando con una medición cimentada en datos recolectados en el año 2005. Esta estructura técnica ignora los profundos cambios estructurales en los hábitos de consumo que se han producido en casi dos décadas de transformaciones económicas.
En contraposición a la postura oficial, la fundadora de la Coalición Cívica defendió la necesidad imperiosa de aplicar el índice actualizado que fue elaborado en 2018. Según sus declaraciones, esta herramienta refleja con mayor precisión los consumos actuales de los hogares y resulta mucho menos alejada de la realidad que el esquema vigente. Al no realizar este cambio, se produce un anacronismo metodológico que subestima el impacto de los gastos fijos modernos y desactualiza la composición de la canasta familiar.
Para Carrió, el diagnóstico del Gobierno sobre los factores que más afectan al bolsillo ciudadano es errado o, al menos, parcial. La líder de la CC sostiene que la principal causa de la pérdida total del poder adquisitivo ya no se encuentra primordialmente en rubros tradicionales como los alimentos o la indumentaria, sino en el costo de vida asociado a la infraestructura básica del hogar. En sus declaraciones a Radio Rivadavia, afirmó que el componente servicios es hoy tan importante, o incluso el más importante, dentro de la economía de los argentinos.
El análisis de la ex socia fundadora de Cambiemos sugiere que el impacto acumulado de las tarifas, los servicios financieros y los intereses por endeudamiento resulta determinante para entender la crisis de ingresos. A esto se le suma el peso de los alquileres, factores que en conjunto configuran una realidad que la estadística oficial de base antigua no logra integrar correctamente, provocando una distorsión en la narrativa de estabilización que intenta proyectar el Ejecutivo.
La descripción del contexto económico que hace Carrió es cruda respecto al destino de los sueldos. Si bien reconoce que el Gobierno ha logrado cierta estabilización económica, advierte que esta es superficial si no se contempla el costo real de mantener una vida operativa. La ex diputada fue categórica al desglosar que la combinación de los aumentos en servicios públicos, compromisos financieros y vivienda representan un gasto que absorbe prácticamente el 70% del salario de un trabajador promedio.
En este sentido, acusó al Ejecutivo de distorsionar la medición inflacionaria al no reflejar plenamente estos incrementos. La dirigente enfatizó que existe una contradicción en el discurso oficial, ya que mientras el Gobierno argumenta que debe recomponer el valor de los servicios, no permite que esa recomposición impacte plenamente en el índice de precios al consumidor. "Si no entra, me están mintiendo", sentenció con dureza al referirse a la falta de transparencia en la integración de las nuevas tarifas al índice general.
A pesar de que las cifras oficiales puedan mostrar una desaceleración en el ritmo de aumento de precios, la percepción social se mantiene en un estado de escepticismo frente a los datos que arroja el organismo tras la postergación del nuevo sistema.
La ex diputada concluyó señalando que la gente percibe esta desconexión cuando nota que los aumentos reales en sus facturas no coinciden con los porcentajes de inflación del 2% o 3% que se informan públicamente. Según su visión, aunque pueda existir una sensación de estabilidad en ciertos bienes de consumo masivo, el costo de los servicios financieros y públicos es el factor que hoy "mata" el bolsillo de los ciudadanos, erosionando la legitimidad técnica del instituto encargado de medir la realidad económica del país.