La causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) atraviesa una etapa decisiva. Este miércoles, el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, compareció en los tribunales federales de Comodoro Py para una declaración indagatoria que finalmente no se concretó: el exfuncionario optó por no responder preguntas y retirarse sin aportar testimonios.

Según reconstruyó TN, Spagnuolo llegó pasado el mediodía y, por decisión de la seguridad, ingresó en su vehículo hasta el subsuelo para evitar a la prensa. Allí permaneció cerca de una hora y cuarenta minutos frente al fiscal federal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello. La decisión de no declarar se basó, según su defensa, en que aún no tuvo acceso completo al material probatorio incorporado al expediente.

Un día antes, el exdirector había presentado un escrito negando todos los hechos vinculados a un supuesto esquema de sobornos y contratos direccionados en la compra de medicamentos y prótesis. Esa misma posición mantuvo durante la citación de este miércoles.

Su abogado, Mauricio D'Alessandro, sostuvo: "No tiene nada que ver con los cargos que se le imputan. Va a revisar la causa cuando pueda acceder a toda la prueba". También afirmó que una pericia de parte habría determinado que algunos audios incorporados al expediente fueron "manipulados con inteligencia artificial", lo que sumarían dudas sobre su autenticidad.

Respecto del dinero secuestrado en uno de los allanamientos, la defensa explicó que los dólares estaban guardados en una caja de seguridad desde siete meses antes de la asunción de Spagnuolo.

La causa, que tiene impacto nacional y repercusiones en provincias como Catamarca —donde los programas y prestaciones de discapacidad dependen directamente de las decisiones de ANDIS—, detalla un presunto esquema de pagos ilícitos. Entre las pruebas figuran registros audiovisuales que muestran a Spagnuolo entrando y saliendo del domicilio del empresario Miguel Ángel Calvete, señalado por su vínculo con proveedores farmacéuticos, portando una mochila en momentos coincidentes con la presunta entrega de al menos cinco millones de pesos en efectivo.

D'Alessandro cuestionó la interpretación de esas imágenes: "Los cinco millones se anuncian como entregados el 11 de junio, pero las fotos son del 13 de agosto". Según su planteo, la secuencia temporal no sería consistente.

Este martes, el propio Calvete —otros de los principales apuntados— también se negó a declarar ante Casanello, dejando sin respuestas las consultas clave de la investigación.

El fiscal Picardi sostiene que las maniobras ocurrieron entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. En ese período, cuatro droguerías —Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta— habrían sido favorecidas de manera sistemática con contratos que, en conjunto, suman alrededor de 40.000 millones de pesos. Las adjudicaciones coinciden con la gestión de Spagnuolo y su segundo, Daniel Garbellini.

El expediente también revela intervenciones irregulares de personas ajenas a la estructura de ANDIS, como Luciana Ferrari, empleada de un laboratorio privado, quien tenía usuario y clave para acceder al sistema de contrataciones del organismo.

A ello se suma el rol de los presuntos lobistas Calvete y Pablo Achavajian. Según la fiscalía, de las conversaciones surgidas en la causa se desprende que ambos daban instrucciones sobre proveedores, sanciones y sumas a liberar, configurando una estructura que "digitaba" el funcionamiento completo de las contrataciones.

La investigación continúa y se espera que Spagnuolo vuelva a ser citado cuando acceda a la totalidad del expediente.