Una investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) reveló un presunto desvío de fondos en ocho municipios de Tucumán, Catamarca y Salta durante las elecciones de 2023. El monto investigado asciende a $39.487 millones, según la denuncia formal presentada ante la Justicia.
El esquema de corrupción fue detectado gracias a los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviados por bancos y entidades financieras a la Unidad de Información Financiera (UIF). La maniobra habría consistido en extracciones en efectivo y libramiento de cheques sin justificación, con el posible objetivo de financiar la campaña electoral.
Municipios involucrados y montos investigados
Los distritos bajo investigación son en Tucumán, Banda del Río Salí ($17.256 millones), Famaillá ($11.449 millones), Monteros ($3.923 millones) y San Isidro de Lules ($4.217 millones). Mientras que en Catamarca, se encuentran en la mira Icaño ($1.113 millones), Corral Quemado ($771 millones) y Ciudad de Belén ($623 millones). Por último, en la provincia de Salta se investiga al municipio de San Carlos ($130 millones).
La mayor parte de los municipios investigados está gobernada por el Partido Justicialista (PJ).
El caso más grave: Banda del Río Salí
En Banda del Río Salí, la ciudad más grande del departamento Cruz Alta en Tucumán, se extrajeron $17.256 millones de las cuentas municipales sin justificación clara. Estas transacciones fueron alertadas por el Banco Macro a la UIF debido a irregularidades en la operatoria conocida como "cheque por ventanilla".
El actual intendente, Gonzalo Monteros, es hijo de Darío Monteros, exintendente de la ciudad y actual ministro del Interior de Tucumán. Al estallar el escándalo, Monteros padre justificó las extracciones alegando que estaban destinadas al pago de haberes del personal no bancarizado.
Método de operación y financiamiento de campañas
Según la UIF, las extracciones de dinero aumentaron de manera exponencial antes de las elecciones presidenciales de 2023 y se desplomaron en 2024, lo que refuerza la hipótesis de que los fondos fueron utilizados para financiar la campaña electoral. Parte del dinero también habría sido transferido a cuentas privadas de empleados municipales, quienes posteriormente compraban dólar MEP.
La denuncia también destaca que, mientras los municipios investigados movilizaban casi $40.000 millones, a nivel nacional los principales espacios políticos declararon ingresos de campaña por apenas $875 millones, lo que sugiere una gran disparidad en el financiamiento.
Investigación en marcha y posibles sanciones
Tras recibir el reporte de la UIF, la PROCELAC presentó una denuncia formal ante la Cámara Nacional Electoral, que descentralizó la investigación en cada jurisdicción implicada. Se espera que en las próximas semanas se determinen eventuales responsabilidades y posibles sanciones para los funcionarios involucrados.
Este caso expone la fragilidad de los controles sobre el uso de fondos públicos en municipios del interior del país y reaviva el debate sobre la transparencia en el financiamiento de las campañas electorales en Argentina.
