La Justicia de Estados Unidos citó a la Argentina a una nueva audiencia para el 29 de julio, en el marco del juicio por la expropiación de YPF. El encuentro, solicitado por la jueza Loretta Preska, buscará definir si se habilita el acceso a documentación requerida por los demandantes, en lo que se conoce como el proceso de discovery.

Según fuentes oficiales, la magistrada otorgó un plazo de dos semanas para que las partes intercambien escritos y trabajen en un posible acuerdo que reduzca tensiones. En la Casa Rosada ya descartaron cualquier instancia de diálogo por fuera del canal judicial y ratificaron que no entregarán información sobre activos susceptibles de embargo.

En paralelo, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió suspender provisoriamente la entrega de acciones de YPF ordenada por Preska como parte de la sentencia por US$16.000 millones. La decisión fue adoptada de forma preventiva y sin plazo definido, hasta tanto se resuelva la apelación planteada por la Argentina.

Según el documento judicial, los fondos demandantes (Burford) deberán responder antes del 17 de julio, y la Argentina tendrá tiempo hasta el 22 de julio para presentar su réplica. La solicitud será evaluada por un panel de tres jueces del tribunal.

Desde el Gobierno afirman que, de ser necesario, llevarán la apelación hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, con el objetivo de evitar sanciones o multas por incumplimiento. También celebraron la decisión del tribunal de dividir en cuatro partes las apelaciones relacionadas con el juicio.

El argumento de la Argentina

La Procuración del Tesoro ya presentó los primeros escritos para frenar la ejecución del fallo. Según la postura oficial, transferir las acciones implicaría un "daño irreparable", dado que los demandantes ya manifestaron su intención de vender esos títulos, lo que tornaría irreversible cualquier desenlace posterior.

En Balcarce 50 insisten en que no puede ejecutarse una sentencia parcial cuando el fallo de fondo todavía está bajo revisión. A su vez, señalan que la situación coloca al país ante un dilema jurídico y político: "Tendremos que elegir entre cambiar nuestras propias leyes, violarlas o desobedecer una orden judicial extranjera", sostienen.

El juicio

El conflicto se remonta a la expropiación de YPF en 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó el 51% de la compañía, que estaba en manos de Repsol. Si bien el Estado compensó a Repsol con bonos, no ofreció una operación similar a otros accionistas.

En 2023, la jueza Preska falló en contra de la Argentina, estableciendo un resarcimiento de US$16.000 millones a favor de los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos de litigio al grupo Petersen, entonces dueño del 25% de YPF. Con intereses, el monto supera actualmente los US$17.750 millones.

La Argentina apeló desde el inicio, pero su falta de pago o de propuesta de acuerdo llevó a los demandantes a intensificar la presión judicial. Entre sus estrategias, incluyeron el pedido de ejecución forzada sobre las acciones estatales de YPF, una solicitud que Preska avaló y que podría abrir la puerta a otros acreedores.