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Gestión de recursos judiciales

Justicia bajo reforma: el Gobierno enviará 200 pliegos al Senado para cubrir vacantes clave

El Ministerio de Justicia, bajo la conducción de Juan Bautista Mahiques, inició el proceso de verificación para cubrir cientos de puestos judiciales, fiscales y de defensa nacional

8 Marzo de 2026 20.08

En un movimiento estratégico para la normalización del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia de la Nación anunció este domingo una ambiciosa hoja de ruta para completar las vacantes que actualmente presenta el sistema. Bajo la gestión de Juan Bautista Mahiques, el organismo confirmó que avanzará con el envío de pliegos al Senado de la Nación para obtener la aprobación y designación definitiva de magistrados, fiscales y defensores públicos.

El procedimiento técnico, comunicado oficialmente a través de la red social X, contempla una revisión exhaustiva de los postulantes para asegurar que cumplan con todos los estándares institucionales requeridos.

Auditoría y actualización de requisitos técnicos

El proceso se regirá estrictamente por lo estipulado en el Decreto 588/2003. Según el detalle brindado por el ministerio, el objetivo central es la habilitación de estas vacantes para que, tras el procedimiento de selección correspondiente, el Presidente de la Nación pueda enviar los pliegos definitivos a la Cámara Alta.

La carga de trabajo se distribuye de la siguiente manera:

  • Vacantes de jueces: 200 cargos a cubrir.
  • Vacantes de defensores: 72 cargos a cubrir.
  • Vacantes de fiscales: 65 cargos a cubrir.

Para garantizar la integridad y transparencia del proceso, el ministerio ha dispuesto una serie de medidas de control adicionales. En el marco de estas actuaciones, se solicitará de manera formal al Registro Nacional de Reincidencia la actualización de los antecedentes penales de todos los ternados. Este paso es fundamental para validar la idoneidad ética y legal de quienes aspiran a ocupar los cargos en la estructura del Poder Judicial, asegurando que cada perfil se ajuste a los requisitos exigidos para el ejercicio de la magistratura y la función pública en el ámbito de la defensa y la fiscalía.