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Cruce tras la declaración de Gregorio Dalbón

Karina Milei rechazó cualquier arreglo con la AFA por la causa de evasión

La Secretaria General de la Presidencia desautorizó las declaraciones del abogado de la entidad y derivó la resolución de la millonaria investigación exclusivamente al ámbito judicial.

11 Marzo de 2026 14.18

La tensión entre el Gobierno Nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha alcanzado un nuevo e irreversible punto de inflexión. En una contundente intervención a través de sus canales oficiales, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, rechazó de forma categórica cualquier posibilidad de acuerdo extrajudicial o político con la entidad madre del fútbol local. El conflicto escaló tras las polémicas declaraciones de Gregorio Dalbón, abogado de la dirigencia deportiva, quien había sugerido que la causa judicial por presunta evasión agravada podría resolverse mediante un acuerdo directo con la funcionaria nacional.

El detonante: declaraciones en los Tribunales de Retiro

La controversia se desató luego de que el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, se presentara ante los Tribunales de Retiro en el marco de una investigación por presuntos desmanejos de fondos. En un escenario marcado por un fuerte operativo de seguridad, la mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia permaneció casi una hora en la sede judicial, donde optó por presentar un escrito y evitó responder preguntas ante el expediente que lidera el juez en lo penal económico Diego Amarante.

Al finalizar la audiencia, su representante legal, Gregorio Dalbón, realizó declaraciones que encendieron las alarmas en la Casa Rosada al sostener que la causa es una "cuestión absolutamente política" y no jurídica. Dalbón afirmó ante la prensa que el conflicto se terminaría "arreglando políticamente", descartando al asesor Santiago Caputo —a quien acusó de querer "quedarse" con la AFA— pero señalando específicamente a Karina Milei como la interlocutora necesaria para sellar dicho pacto.

La respuesta oficial: "Fin" de la vía política

La reacción de la funcionaria nacional no se hizo esperar y marcó un límite tajante a las especulaciones del letrado. Utilizando su cuenta de X, Karina Milei cruzó directamente al abogado con una frase que busca ratificar la línea procedimental de la gestión: "Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar". La Secretaria General fue taxativa al desvincular al Poder Ejecutivo de cualquier gestión de "arreglo" que pretenda eludir el proceso penal iniciado por la retención indebida de impuestos y aportes previsionales.

En su descargo, Milei enfatizó que la cúpula de la AFA se encuentra actualmente "en manos de la Justicia" y advirtió que, en caso de ser encontrados culpables, los responsables "tendrán que pagar con todo el peso de la ley". Con el cierre de su mensaje utilizando la palabra "Fin", la funcionaria clausuró formalmente cualquier posibilidad de diálogo político que pudiera interferir con el normal desarrollo de la causa judicial.

El detalle de la millonaria deuda con ARCA

El fondo de la cuestión jurídica radica en la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acusó formalmente a la cúpula de la AFA, incluyendo a su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, y a Toviggino, de haber actuado como agentes de retención y percepción de tributos nacionales sin depositar los montos correspondientes al Estado dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento. La investigación abarca maniobras realizadas desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, afectando retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social.

Las cifras involucradas en el expediente reflejan la gravedad de la situación, ya que la denuncia inicial detectó obligaciones incumplidas por un total de $7.593.903.512,23, monto que se vio incrementado sustancialmente tras una ampliación que sumó otros $11.759.643.331,62. De esta manera, el monto total bajo investigación que la Justicia busca recuperar asciende a más de $19.300 millones. Para el organismo recaudador, estas acciones configuran el delito de omisión, subrayando que estos importes no constituyen fondos propios de la entidad, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado, por lo que su no ingreso representa una indebida apropiación de caudales públicos que ahora deberá ser dirimida en los tribunales correspondientes.