La arena política nacional se prepara para un miércoles de máxima tensión tanto en las bancas como en las calles. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha decidido romper con cualquier posibilidad de diálogo intermedio con la administración de Javier Milei, confirmando su participación activa en la movilización convocada por la CGT y las dos CTA.
Tras encabezar un acto en La Plata junto al intendente Julio Alak y el ministro Gabriel Katopodis, el mandatario calificó la iniciativa de reforma laboral como "repugnante", sosteniendo que su núcleo central no es la modernización, sino la precarización sistémica de los trabajadores.
La administración provincial ha fundamentado su resistencia no solo en términos políticos, sino a través de un riguroso informe técnico de 50 páginas presentado por los ministros Walter Correa y Carlos Bianco. La posición bonaerense sostiene que el proyecto de Ley de Modernización Laboral es inconstitucional tanto en su forma como en su fondo. El documento advierte que la reforma facilita el despido mediante la reducción de indemnizaciones y la creación de un Fondo de Cese Laboral que favorece únicamente al sector empleador, al tiempo que reduce la protección legal al derogar principios históricos del derecho laboral como el in dubio pro operario.
Kicillof puso especial énfasis en el impacto que la ley tendría sobre sectores específicos, citando el artículo 194 que busca derogar el estatuto del periodista. Para el gobernador, esta medida simboliza una persecución directa que busca quitar derechos ya consagrados en la profesión. Asimismo, el informe de la provincia denuncia que la reforma desmantela organismos de control y transfiere facultades de fiscalización provinciales a la Nación, lo cual vulnera el federalismo constitucional argentino. Según el análisis bonaerense, la ley también promueve la atomización del movimiento obrero organizado al facilitar la tercerización y debilitar los mecanismos de negociación colectiva.
Desde el plano político, la marcha al Congreso funcionará como una demostración de fuerza del bloque de gobernadores opositores, donde Kicillof se muestra alineado con mandatarios como Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto y Ricardo Quintela, entre otros. Esta postura de bloque ha generado fricciones en la interna del peronismo; el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, denunció presiones de la conducción nacional del PJ para forzar el rechazo de los legisladores bajo amenaza de intervenir las estructuras partidarias provinciales.
Frente a este escenario de movilización masiva y críticas técnicas, el Gobierno nacional mantiene su defensa del proyecto. El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha reiterado que no existen argumentos válidos para oponerse a una reforma que busca terminar con el estancamiento económico.
Para el Ejecutivo, la resistencia de Kicillof y la CGT representa la defensa de intereses corporativos que han mantenido a millones de argentinos en la informalidad. Sin embargo, la administración bonaerense insiste en que el proyecto otorga un margen de impunidad a empleadores que no registren personal y debilita la capacidad de los sindicatos para discutir condiciones dignas, anticipando una jornada que definirá el futuro del marco laboral en el país.
