La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha decidido plantar bandera frente a lo que considera una intromisión externa inaceptable en su gestión institucional. Este jueves, a través de un duro comunicado, la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia confirmó que recurrirá a las instancias judiciales con el objetivo de frenar la designación de veedores solicitada por la Inspección General de Justicia (IGJ). Esta disputa, que promete una batalla de largo aliento en los tribunales, marca un nuevo pico de tensión entre el organismo regulador del Estado y la casa madre del fútbol nacional.

La conducción de la AFA ha dejado en claro que no escatimará recursos legales para evitar la presencia de funcionarios ajenos a su estructura operativa diaria. Según la información oficial brindada por la institución, la hoja de ruta procesal contempla llevar el caso inicialmente ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. No obstante, la entidad fue un paso más allá en su advertencia al asegurar que, de ser necesario para proteger sus intereses, elevará el reclamo hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta postura refleja una defensa cerrada de su autonomía administrativa frente a lo que describen como un avance irregular y carente de sustento sobre sus procesos internos.

El rechazo a las acusaciones de irregularidades

El núcleo del conflicto se originó a partir de un pedido formal de la IGJ, organismo que fundamentó la necesidad de veedores basándose en supuestas "graves irregularidades" detectadas en los procesos administrativos de la asociación. Sin embargo, desde la sede de la calle Viamonte, la respuesta fue inmediata y tajante. La AFA afirmó de manera categórica que la veeduría no es más que un "capricho ilegítimo, fundado en hechos falsos". Para la entidad liderada por Tapia, la designación de estos funcionarios no responde a una búsqueda genuina de transparencia, sino que está impulsada por una "finalidad política ajena a la ley", lo que sitúa la disputa en un terreno que excede lo estrictamente administrativo para entrar en una zona de confrontación de poderes.

Defensa de la institucionalidad y próximos pasos

La resistencia técnica a la entrada de veedores se fundamenta en la convicción de la asociación de que la medida es ilegítima y vulnera las normativas vigentes que rigen a las entidades civiles en el país. El comunicado emitido este jueves subraya que la inclusión de figuras externas es una decisión tomada de forma arbitraria y sin el debido proceso. Al judicializar el conflicto de manera total, la AFA busca obtener un fallo que ratifique la legalidad de su gestión actual y desestime de forma definitiva las acusaciones de la IGJ. De este modo, la estabilidad institucional del fútbol argentino queda ahora supeditada a las resoluciones que dictaminen los tribunales superiores de la Nación en los próximos meses.