La controversia judicial y gremial por el control de UTHGRA continúa abierta y suma nuevos capítulos. El Gobierno prepara su recurso extraordinario para acudir ante la Corte Suprema de Justicia y resistir la convalidación de la conducción encabezada por Luis Barrionuevo.
El origen inmediato de esta nueva instancia está en la decisión de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que reconoció la conducción de Barrionuevo al frente del sindicato luego de las elecciones realizadas a fines de 2025.
La apelación ante el máximo tribunal será elaborada por la Secretaría de Trabajo. Por el momento, el área que conduce Julio Cordero no realizará comentarios sobre la cuestión. Sin embargo, trascendió que el planteo estaría relacionado con la posibilidad de recurrir hasta la última instancia judicial frente a fallos adversos a determinaciones administrativas.
Así, la disputa por la conducción de UTHGRA incorpora una nueva dimensión institucional: la definición ya no queda circunscripta al ámbito sindical ni a las instancias ordinarias de la Justicia laboral, sino que avanza hacia la posibilidad de una intervención de la Corte Suprema.
El quiebre entre Barrionuevo y el Gobierno
El conflicto judicial se desarrolla, además, sobre el trasfondo de una relación política que pasó del acuerdo a la confrontación.
En 2023, Luis Barrionuevo había tejido un pacto con quien por entonces era diputado nacional y candidato a jefe de Estado, Javier Milei. El acuerdo contemplaba el aporte de fiscales por parte del sindicato para custodiar los votos libertarios durante la elección presidencial de octubre.
Sin embargo, en La Libertad Avanza acusaron al sindicalista, ex titular de Chacarita, de no haber cumplido con aquella promesa. A partir de ese episodio, el vínculo comenzó a deteriorarse hasta quebrarse definitivamente.
Desde entonces, la relación no volvió a recomponerse y quedó marcada por dardos cruzados entre ambos, una disputa que, según la información disponible, llega hasta el presente.
En ese contexto se inscribe la decisión oficial de intentar llevar la controversia hasta la Corte Suprema. El recurso representa, de este modo, un nuevo paso dentro de la batalla que enfrenta al oficialismo con el histórico dirigente gremial.
La oposición sindical cuestiona la integración del tribunal
Mientras el Gobierno prepara su presentación judicial, la oposición al sector de Barrionuevo también avanzó con sus propios cuestionamientos.
Apoderados de la Lista Gris/Naranja denunciaron ante la Justicia presuntas irregularidades vinculadas con la actuación de la Sala VI en el trámite que terminó con la certificación provisoria de autoridades para el sector barrionuevista.
Según el planteo presentado, los magistrados intervinientes habrían quebrantado los reglamentos de la Justicia Nacional con el objetivo de acelerar la resolución del expediente antes de que las partes pudieran ejercer su derecho a recusar con causa a jueces a los que atribuían antecedentes desfavorables y prejuzgamiento en el conflicto.
El escrito elevado a los tribunales, al que accedió este medio, sostiene que se produjo una alteración no justificada en el orden y la composición del tribunal votante.
La notificación oficial establecía que la votación estaría a cargo de los camaristas:
Carlos Pose.
Marina Pisacco.
La intervención de Gabriela Vázquez estaba reservada únicamente para el supuesto de que se produjera una disidencia.
Sin embargo, según la denuncia, la sentencia terminó siendo suscripta por Pisacco y Vázquez, sin que Pose emitiera su voto ni constara formalmente en la causa una explicación sobre su apartamiento.
El planteo opositor sostiene que de esa manera se excluyó el voto del vocal titular originalmente designado y se incorporó a una magistrada que, de acuerdo con la interpretación expuesta por los denunciantes, no debía intervenir reglamentariamente.
Los antecedentes que invoca la Lista Gris/Naranja
La oposición sindical sostiene que la rapidez con la que fue dictada la sentencia habría tenido como finalidad neutralizar las recusaciones que preparaba contra integrantes de la Sala VI.
Uno de los argumentos se refiere al camarista Carlos Pose. De acuerdo con el planteo, Pose "había emitido opinión y fallado previamente a favor del sector de Barrionuevo" en causas conexas.
Entre los antecedentes mencionados figura el expediente 32.645/2025, en el cual, según los denunciantes, el magistrado había desestimado reclamos de la oposición y convalidado la actuación de la junta electoral oficialista.
El caso de Gabriela Vázquez aparece asociado a otro expediente paralelo, denominado "Sasprizza", vinculado al mismo entramado de la interna gastronómica.
Según el documento presentado por la oposición, Vázquez se había excusado previamente de intervenir en ese expediente alegando prejuzgamiento. Sin embargo, de acuerdo con la denuncia, la camarista volvió a intervenir en la nueva resolución y votó en favor de la conducción barrionuevista sin fundamentar los motivos por los cuales, siempre según el planteo opositor, habrían desaparecido los impedimentos legales que habían sido expuestos con anterioridad.
La acusación de una "doble vara"
El tercer eje del cuestionamiento está dirigido contra Marina Pisacco.
La oposición le atribuye una "doble vara" en la tramitación del expediente. Según su planteo, la camarista habría resuelto con celeridad dos medidas cautelares favorables al barrionuevismo.
Al mismo tiempo, siempre de acuerdo con la denuncia, se habrían frenado los recursos presentados con el objetivo de que el tribunal de alzada revisara la validez de los comicios.
La combinación de ambos elementos —la integración del tribunal, los antecedentes invocados respecto de sus integrantes y la velocidad con la que se resolvieron determinadas actuaciones— constituye el núcleo del cuestionamiento procesal formulado por la oposición sindical.
Una disputa que excede la conducción del sindicato
El conflicto por UTHGRA no se limita a determinar quién ejerce la conducción de la organización. Según el escenario planteado en la información disponible, la disputa también involucra el patrimonio de una de las organizaciones sindicales más poderosas del país.
Por eso, la controversia reúne simultáneamente dimensiones sindicales, administrativas, judiciales e institucionales.
Por un lado, el Gobierno prepara el recurso extraordinario con el objetivo de llevar el conflicto hasta la Corte Suprema de Justicia. Por otro, la oposición sindical sostiene que la resolución de la Sala VI presenta cuestionamientos de carácter procesal que deberían ser considerados antes de consolidar sus efectos.
En este punto, las posiciones permanecen enfrentadas. La conducción de Barrionuevo fue reconocida por la Sala VI después de las elecciones de fines de 2025, mientras que sus adversarios cuestionan tanto el resultado institucional de esa decisión como el procedimiento mediante el cual fue adoptada.
El próximo capítulo de la disputa estará determinado por el avance de los planteos judiciales. Mientras la Secretaría de Trabajo prepara su recurso extraordinario, la oposición busca poner bajo revisión la forma en que se produjo el fallo.