Quirno redobló el reclamo contra el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas y espera un fallo clave
El Gobierno busca frenar el avance de Sea Lion y sostiene que la extracción de petróleo comprometería recursos nacionales no renovables en un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa. La presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y las acciones contra las empresas involucradas forman parte de la estrategia oficial.

A una semana de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) comunique su resolución sobre el reclamo presentado contra el Reino Unido, el canciller Pablo Quirno reiteró el rechazo argentino a las actividades petroleras impulsadas en las Islas Malvinas mediante el proyecto Sea Lion.

El funcionario volvió a cuestionar la intención británica de avanzar con la explotación de hidrocarburos en la cuenca norte del archipiélago y sostuvo que la actividad resulta inaceptable para la Argentina porque involucra recursos naturales no renovables en un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa.

"Estamos hoy ante una intención del Reino Unido de explotar petróleo en las Islas Malvinas, cosa que nosotros evidentemente no aceptamos", expresó Quirno. A partir de esa posición, explicó que el país decidió presentar el planteo ante el organismo internacional con sede en Hamburgo, Alemania.

La iniciativa argentina no se limitó a solicitar la intervención del tribunal en el marco de la controversia. Las autoridades también pidieron que se adopte una medida provisional para detener el avance del emprendimiento antes de que se desarrolle el arbitraje.

"Nosotros hemos pedido que paren esta explotación antes de que se haga el arbitraje", señaló el canciller al explicar el alcance de la presentación. Quirno precisó que esperaba una decisión para el sábado 28 de noviembre, fecha prevista para que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar comunique su orden sobre las medidas provisionales solicitadas por la Argentina.

Los pedidos argentinos y el riesgo de un perjuicio irreversible

La presentación ante el TIDM contempla diferentes medidas destinadas a impedir que el proyecto avance mientras continúa la controversia. Además de solicitar el cese de la explotación petrolera, el Gobierno argentino pidió que el Reino Unido se abstenga de otorgar permisos en el área, preserve la información obtenida durante las tareas de exploración y proteja el medio marino.

El planteo se fundamenta en que la extracción de crudo podría generar un perjuicio irreversible, debido a que se trata de un territorio cuya soberanía permanece en disputa. La preocupación central está vinculada con la posibilidad de que los recursos sean extraídos antes de que se resuelva la controversia planteada por la Argentina.

Durante su participación en el programa La Noche de Mirtha, emitido por El Trece y conducido en esta oportunidad por Juana Viale, Quirno volvió a expresar la importancia que el reclamo por las islas tiene para el país.

"Malvinas es una causa sagrada para nosotros", afirmó el canciller, al tiempo que cuestionó nuevamente la intención británica de avanzar con la extracción de hidrocarburos en la cuenca norte de las Islas Malvinas.

El funcionario ya había expuesto días antes su posición sobre la explotación de los recursos y la necesidad de impedir que las operaciones comiencen. Durante su participación en el Marval Legal Forecast 2027, había advertido sobre las consecuencias de una eventual extracción de petróleo.

"Una vez que se saca una gota de petróleo, esa gota no es recuperable", sostuvo en aquella oportunidad. La frase sintetizó el argumento con el que defendió la presentación ante el organismo internacional: evitar que se produzca una extracción que, por su propia naturaleza, no permitiría recuperar posteriormente el recurso.

El proyecto de ley para ampliar las sanciones

En paralelo con la presentación internacional, el oficialismo impulsó en el Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que busca ampliar las sanciones contra las empresas que operen en Malvinas mediante licencias que la Argentina considera ilegítimas.

El proyecto apunta a extender las consecuencias para las compañías que participen de actividades hidrocarburíferas en el área en disputa sin autorización argentina. Sin embargo, la propuesta no pudo ser tratada esta semana en la Cámara de Diputados debido a la falta de quórum.

Las medidas anunciadas por el Gobierno contemplarían inhabilitaciones para operar en el país y posibles acciones penales contra las empresas y quienes intervengan en las actividades de explotación sin contar con autorización argentina.

La posición oficial también alcanza a la cadena de proveedores que participa del emprendimiento, además de las compañías que lo encabezan. De esta manera, la estrategia busca actuar sobre las distintas etapas necesarias para poner en marcha el proyecto petrolero.

Dos contratistas abandonaron el proyecto Sea Lion

Después de las audiencias realizadas el 10 y 11 de noviembre ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, la estrategia argentina sumó un nuevo capítulo. Este sábado se conoció que dos contratistas desistieron de continuar con su participación en Sea Lion, luego de las acciones judiciales y las sanciones anunciadas por el Gobierno.

La información fue comunicada por la empresa británica Rockhopper Exploration ante la Bolsa de Londres. En su comunicación, la compañía señaló que se encuentra en una fase avanzada de las gestiones para reemplazar a los dos proveedores, que notificaron que no cumplirán con las tareas que tenían asignadas.

La salida de ambas empresas se produjo después de que el Gobierno argentino advirtiera que las medidas alcanzarían tanto a las firmas responsables de la iniciativa como a las compañías que integran su cadena de proveedores.

El escenario muestra que las acciones impulsadas por la Argentina comenzaron a tener consecuencias sobre la participación de empresas contratadas para tareas vinculadas con el desarrollo del yacimiento. No obstante, Rockhopper informó que trabaja para cubrir los servicios que quedaron pendientes.

Seatrium analiza cancelar un contrato estratégico

Otro de los puntos centrales de la situación está relacionado con Seatrium, un astillero con sede en Singapur que, según informó la Cancillería, evalúa cancelar el contrato para la modernización del buque Aoka Mizu.

La nave es considerada una pieza central para las futuras operaciones de extracción y almacenamiento de petróleo vinculadas al proyecto Sea Lion. Por ese motivo, la eventual cancelación del contrato representaría una novedad relevante dentro de los trabajos previstos para poner en funcionamiento el emprendimiento.

La información sobre la evaluación de Seatrium fue comunicada por la Cancillería. Sin embargo, Quirno no hizo comentarios sobre estos cambios durante su participación en La Noche de Mirtha, debido a que se trató de un programa grabado.

La situación del astillero se suma a la decisión de los dos contratistas que notificaron que no cumplirán con sus tareas. Así, las medidas argentinas y las advertencias sobre las consecuencias de operar en el área sin autorización aparecen vinculadas con decisiones empresariales que pueden afectar la preparación del proyecto.

Navitas Petroleum y Rockhopper

El proyecto Sea Lion está encabezado por la firma israelí Navitas Petroleum, que posee la participación mayoritaria, junto con la compañía británica Rockhopper Exploration.

En su comunicación ante la Bolsa de Londres, Rockhopper indicó que Navitas prevé iniciar durante 2027 las obras de actualización del buque OSX2, que será utilizado en la zona central de desarrollo del yacimiento, dentro de la primera fase del emprendimiento.

La planificación informada por la compañía contempla, por lo tanto, tareas de modernización de embarcaciones y la participación de proveedores especializados para avanzar con las operaciones previstas en el área.

La salida de dos contratistas y la evaluación de Seatrium sobre el contrato del Aoka Mizu se producen en un momento en el que el Gobierno argentino busca frenar el desarrollo petrolero mediante acciones diplomáticas, judiciales y legislativas.

Pese a esos cambios, Rockhopper aseguró que, por el momento, no prevé modificaciones ni efectos adversos materiales en el calendario de desarrollo del proyecto. La empresa también indicó que Navitas le informó sobre las medidas adoptadas por el Estado argentino respecto de la explotación de recursos naturales.