La Confederación General del Trabajo (CGT) ingresa en una semana de definiciones críticas para el futuro del mapa laboral en Argentina. Con la mirada fija en el Palacio Legislativo, la cúpula sindical ha convocado a una reunión de su mesa chica para el próximo miércoles, un encuentro que funcionará como el preludio estratégico a las sesiones del Senado de esta semana. El foco de máxima tensión está puesto en la jornada del viernes, fecha en la que la Cámara Alta tiene previsto tratar el proyecto de reforma laboral.
El encuentro de la mesa chica se encuentra en plena etapa de organización, con lugar y hora todavía por definir, pero bajo una consigna clara que emana de las fuentes sindicales consultadas por la Agencia Noticias Argentinas. La conducción cegetista asume que el escenario legislativo es adverso y que las probabilidades de que la reforma sea sancionada son elevadas. Ante este diagnóstico, la central obrera ya delinea un plan de acción que combina el monitoreo del clima social con una respuesta institucional de largo aliento.
El costo político: el "escrache" legislativo como arma de presión
Uno de los puntos centrales que se abordarán en la reunión del miércoles es el seguimiento de la votación en el recinto. Según ha trascendido, los dirigentes tienen en claro que, de aprobarse la reforma —tal y como se descuenta en los pasillos de Azopardo—, la CGT se encargará de identificar y hacerle pagar el "costo político" a aquellos senadores que levanten la mano a favor de la iniciativa.
Esta estrategia de señalamiento busca exponer a los representantes provinciales ante sus bases trabajadoras, marcando una línea divisoria entre quienes acompañan las modificaciones legales y quienes se mantienen en el bloque de resistencia sindical. Para la mesa de conducción, la aprobación de la ley no será el fin del conflicto, sino el inicio de una etapa de rendición de cuentas pública para los legisladores que faciliten el avance de la normativa.
La vía judicial ante la ausencia de "acción directa"
A pesar de la gravedad que la central obrera le otorga a la reforma, existe un consenso mayoritario dentro de la conducción respecto a la imposibilidad de convocar a una nueva huelga general en el corto plazo. La central ha sido explícita al señalar que, bajo las condiciones actuales, "no hay contexto para una nueva medida de fuerza". Esta postura pragmática responde a una lectura cuidadosa de la realidad socioeconómica y de los recursos del gremialismo.
En lugar de los paros, la CGT ratificará su postura de "accionar en tribunales". El plan consiste en llevar la batalla al terreno del Poder Judicial, impugnando aquellos capítulos que la central considera flagrantemente inconstitucionales. Entre los puntos más conflictivos que los abogados sindicales ya tienen bajo la lupa se encuentra el impedimento del derecho a huelga, un pilar que la CGT considera innegociable y cuya vulneración pretenden frenar mediante presentaciones de fondo en la Justicia.
Interpretación del malestar social sin "gasto de recursos"
La prudencia de la central obrera no implica indiferencia ante el clima social. Desde la mesa de conducción señalaron que estarán atentos a lo que se pueda "interpretar del malestar en la calle", aunque aclararon de forma tajante: "no vamos a gastar recursos en medidas de acción directa". Esta frase resume el estado de ánimo de una dirigencia que prefiere preservar su capital político y financiero para una contienda que prevén será de carácter técnico y judicial.
La reunión del miércoles será, en definitiva, el termómetro con el que la CGT medirá su capacidad de incidencia en un Senado que parece decidido a avanzar. Mientras el viernes se asoma como el día del veredicto legislativo, la central obrera se prepara para un invierno de expedientes y litigios, apostando a que la Constitución Nacional sea el último dique de contención frente a los cambios estructurales en el mundo del trabajo.
