La indagatoria de Alberto Fernández, expresidente de Argentina, en la causa por violencia de género impulsada por Fabiola Yañez, fue suspendida sin fecha definida. La decisión del juez Julián Ercolini responde a las estrategias legales del exmandatario, que incluyen recusaciones y cuestionamientos sobre la competencia del caso. Este nuevo episodio judicial prolonga un proceso que ha captado la atención pública y revela un trasfondo de disputas políticas y legales.
Las estrategias legales que postergaron la indagatoria
Desde el inicio del proceso, la defensa de Fernández, encabezada por su abogada Silvina Carreira, ha buscado retrasar la indagatoria en Comodoro Py. Inicialmente citada para el 17 de diciembre, la declaración fue pospuesta en varias ocasiones: primero al 26 de diciembre, y luego para 2025. Finalmente, el martes pasado, el juez Ercolini decidió suspenderla indefinidamente hasta que se resuelva la recusación interpuesta por Fernández.
El expresidente argumenta que Ercolini actúa con "parcialidad", lo que podría comprometer la transparencia del proceso. A su vez, solicitó trasladar el expediente al fuero Penal Contravencional de la Capital Federal, alegando que los hechos investigados encajan mejor en las contravenciones de maltrato y hostigamiento contempladas en el código de dicha jurisdicción.
La respuesta de la Justicia
El juez Ercolini rechazó los planteos de Fernández, argumentando que no existen fundamentos jurídicos sólidos que respalden la recusación. Sin embargo, la defensa presentó un recurso ante la Cámara de Apelaciones, que ahora deberá decidir si confirma al magistrado al frente del caso. Mientras tanto, la indagatoria queda suspendida, extendiendo la incertidumbre sobre el avance de la causa.
Fabiola Yañez denuncia violencia y coacción
En paralelo, Fabiola Yañez, ex primera dama y madre del hijo de Alberto Fernández, ha brindado declaraciones contundentes sobre los episodios de violencia que sufrió durante su relación con el expresidente. En una reciente entrevista con un medio español, Yañez afirmó que Fernández nunca le pidió perdón por los abusos y agresiones físicas que sufrió, señalando que "la culpa siempre era mía".
Yañez también aseguró que el expresidente intentó evitar que las denuncias llegaran a la esfera pública, presionándola mediante abogados y amenazas. Según sus palabras, Fernández la coaccionó con el fin de proteger su imagen política y evitar que se contrapusiera al discurso feminista promovido durante su gestión presidencial.
"La postura de su gobierno era incompatible con lo que ocurría puertas adentro. Me presionó mil veces para no denunciarlo", declaró la ex primera dama, quien calificó al expresidente como una figura intimidante y abusiva.
Una causa marcada por tensiones políticas y sociales
El caso ha adquirido una gran relevancia pública no solo por la figura política de Alberto Fernández, sino también por las implicaciones sociales que conlleva. En un contexto donde las políticas de género y los derechos de las mujeres ocupan un lugar central en la agenda pública, las denuncias de Fabiola Yañez generan un fuerte impacto y cuestionan el legado de la administración de Fernández.
Un proceso en pausa, pero con implicaciones de largo alcance
La suspensión indefinida de la indagatoria de Alberto Fernández no solo retrasa el proceso judicial, sino que también profundiza la tensión social y política que rodea el caso. Las acusaciones de violencia de género contra un expresidente reflejan la importancia de abordar estos temas con seriedad y transparencia, independientemente del poder o influencia de los involucrados.
La resolución de la Cámara de Apelaciones será clave para definir el rumbo de esta causa, mientras que las declaraciones de Fabiola Yañez continúan resonando como un llamado de atención sobre las dinámicas de poder y abuso en las esferas más altas de la política.
