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La izquierda rechaza el aumento del boleto y acusa a las empresas de "extorsión" en Catamarca

El Partido Obrero y el Frente de Izquierda cuestionaron la suba del transporte urbano en la Capital y apuntaron contra empresarios y el Gobierno provincial. Reclaman apertura de libros contables y que el Estado intervenga el servicio si hay déficit.

25 Noviembre de 2025 14.20

El Partido Obrero y el Frente de Izquierda de los Trabajadores - Unidad (FIT-U) se pronunciaron mediante un comunicado en contra del incremento del boleto del transporte urbano de pasajeros en San Fernando del Valle de Catamarca, y calificaron la situación como una "extorsión empresarial".

"El lockout empresarial del transporte urbano de pasajeros en la Capital es una extorsión contra los catamarqueños, con el único objetivo de mantener ganancias siderales con mínimas inversiones", sostiene el texto difundido por la organización.

La izquierda cuestionó que los empresarios del sector "han amasado grandes sumas en subsidios" sin realizar las inversiones necesarias: "Las unidades no cuentan con aire acondicionado, muchas son antiguas y se rompen en los recorridos, y mantienen a los trabajadores con salarios de miseria. La frecuencia sigue siendo un desastre y los salarios son de hambre".
En ese marco, agregaron que las empresas exigen más subsidios y un nuevo aumento de tarifas, "cuando este año el incremento ya supera el 100%".

Otro de los puntos señalados es la negativa de los empresarios a abrir los libros contables, lo que —según la izquierda— impide conocer si el costo del boleto es real. También cuestionaron al Gobierno de Raúl Jalil, al que acusaron de estar dispuesto a "ceder ante la extorsión" mientras "se niega a aumentar los salarios estatales, docentes y de la salud".

"Se mide con dos varas: una para los empresarios y otra para los trabajadores", afirma el comunicado, que también critica a sectores libertarios por "defender subsidios millonarios y libertad total para aumentar tarifas".

El Partido Obrero y el FIT-U plantearon que el transporte urbano "no puede ser un negocio" sino "un derecho de los trabajadores y una obligación del Estado". Por ello, rechazaron cualquier aumento del boleto, exigieron la apertura de los libros contables y afirmaron que, en caso de existir déficit, las empresas deben ser absorbidas por el Estado y puestas bajo control de trabajadores y usuarios.