En un fallo dividido, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial confirmó la caducidad de la demanda civil presentada por el organismo Vialidad contra Cristina Kirchner en 2018. Con esta decisión, la expresidenta no deberá pagar los $22.300 millones que se reclamaban por supuestos daños y perjuicios ocasionados al patrimonio del Estado durante la obra pública en Santa Cruz.

Se trata de un proceso civil paralelo al juicio penal, en el que Kirchner cumple una pena de seis años de prisión domiciliaria y sí debe responder con sus bienes por los perjuicios ocasionados junto al resto de los condenados.

El expediente civil se inició durante el gobierno de Mauricio Macri, con el objetivo de obtener un resarcimiento económico. La disputa se centró en la caducidad del proceso: la defensa de Cristina Kirchner argumentó que la causa había quedado paralizada desde el 17 de marzo de 2023, mientras que Vialidad sostuvo que hubo presentaciones que mantenían activa la acción.

Inicialmente, el juez Marcelo Bruno Dos Santos falló en contra de la expresidenta. Sin embargo, ante un nuevo planteo que incluía el descuento de los días de feria judicial, revocó su decisión y le dio la razón. La Sala III confirmó esta resolución con los votos de los jueces Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi, mientras que la jueza Florencia Nallar se expresó en disidencia.

"La caducidad decretada debe ser confirmada. En efecto, el último acto impulsorio que registra la causa es del 17 de marzo de 2023. La parte que promueve un proceso asume la carga de urgir su desarrollo", señalaron los magistrados. Por su parte, Nallar sostuvo que la caducidad debe evitar la prolongación indefinida de los juicios, pero no impedir un pronunciamiento sobre el fondo del pleito.

Decomiso de bienes

En paralelo, la Justicia federal avanza con el decomiso de los bienes de los condenados para cubrir el monto actualizado de $684 mil millones. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola identificaron 140 bienes "decomisables" correspondientes al período 2003-2015.

La lista incluye más de 100 inmuebles del empresario Lázaro Báez y sus compañías; cerca de 20 propiedades de la expresidenta en Santa Cruz, muchas de ellas cedidas a sus hijos Máximo y Florencia; y una veintena de propiedades de otros funcionarios condenados. Debido a que algunas propiedades fueron cedidas a sus hijos, el tribunal solicitó su opinión sobre el decomiso.