El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) rechazó por improcedente la presentación realizada por legisladores de Unión por la Patria (UP), quienes solicitaron visitar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio de manera libre, sin necesidad de autorización previa del tribunal.
En la resolución, firmada por el juez Jorge Gorini, se calificó al escrito como un "pedido de aclaratoria" extemporáneo, debido a que fue presentado fuera del plazo correspondiente. "Es evidente que el escrito constituye un pedido de aclaratoria y, por lo tanto, improcedente en lo formal por extemporáneo, al haber caducado el plazo", sostuvo el magistrado.
El planteo fue realizado luego de que el TOF estableciera, en una resolución fechada el 17 de junio, que debía presentarse una nómina de personas habilitadas a visitar a la exmandataria en el domicilio donde cumple prisión domiciliaria, ubicado en la calle San José al 1111, barrio porteño de Constitución.
Los jueces remarcaron que acceder al planteo del bloque oficialista "neutralizaría la esencia de la regla impuesta, que prevé el estudio de cada caso particular fuera del listado de personas autorizadas".
Por su parte, los legisladores de UP argumentaron que sus fueros parlamentarios los habilitan a reunirse con la presidenta del Partido Justicialista sin restricciones, y anunciaron que lo harán "en cada oportunidad que sea necesaria".
"Actuamos en representación del pueblo. Eso nos otorga un mandato institucional y político para participar en asuntos de relevancia pública", señalaron. Además, exigieron que se respete su investidura, la división de poderes y la plena vigencia de la representación política. "No necesitamos autorización alguna del Tribunal para tener contacto personal con la expresidenta", remarcaron.
En el documento, los legisladores peronistas advirtieron que impedir las visitas representaría "una invasión a las potestades propias del Poder Legislativo" y señalaron que "en situaciones normales, cualquier diputado o senador puede visitar a una persona con prisión domiciliaria o incluso a un establecimiento carcelario, sin previo aviso".
"Limitar nuestro contacto con la expresidenta no solo afectaría nuestra labor parlamentaria, sino que implicaría un menoscabo al mandato popular que nos otorgaron todas aquellas personas que ven en Cristina Kirchner una líder política indiscutida", afirmaron.
Ante la controversia, la Justicia fijó una audiencia para definir el alcance y las condiciones de las restricciones a las visitas que podrá recibir la exmandataria durante el cumplimiento de su condena de seis años en prisión domiciliaria, impuesta por la causa Vialidad.
