La Cámara de Diputados de la Nación atraviesa una de sus crisis institucionales más agudas tras la reciente aprobación del proyecto de reforma laboral. La controversia, lejos de agotarse en el contenido de la ley que regresó con modificaciones al Senado, se ha desplazado hacia la conducta de los legisladores dentro del recinto. El bloque de La Libertad Avanza (LLA) ha formalizado un pedido de máxima gravedad institucional al presentar un proyecto que solicita la suspensión preventiva y la posterior expulsión de la diputada Florencia Carignano, representante de la provincia de Santa Fe por el bloque de Unión por la Patria (UxP).
La acusación se fundamenta en los hechos ocurridos el pasado jueves, calificados por el oficialismo como un insólito acto de sabotaje. Según la denuncia, Carignano habría intervenido físicamente sobre el equipamiento técnico del Congreso, desconectando micrófonos y otros instrumentos esenciales utilizados por los taquígrafos. Esta acción habría tenido como objetivo principal alterar y obstaculizar el normal desarrollo de la sesión en la que, más tarde, se terminaría aprobando la denominada flexibilización libertaria. Ante esta situación, el bloque oficialista presentó un proyecto de resolución en el que se acusa a la legisladora de incurrir en un "desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones" durante la larga y polémica sesión de la cámara baja.
Fundamentos del pedido de remoción y denuncia penal
El bloque oficialista, presidido por el cordobés Gabriel Bornoroni, no solo busca una sanción parlamentaria de carácter administrativo, sino que ha decidido llevar el caso al ámbito judicial. En este sentido, la bancada presentó un proyecto que faculta a la Presidencia de la Cámara a efectuar la denuncia penal correspondiente por la posible comisión de delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. Los diputados de LLA argumentan que la legisladora kirchnerista fue la artífice de actos de sabotaje ilegales que resultan contrarios al espíritu democrático que debe reinar en el Congreso de la Nación, justificando así la necesidad de su apartamiento definitivo del cuerpo legislativo.
Uno de los puntos centrales de la acusación reside en la existencia de material audiovisual que respaldaría la denuncia de manera contundente. Desde la bancada libertaria aseguran que las cámaras del recinto la filmaron desconectando micrófonos y otros dispositivos en un claro intento de impedir el normal funcionamiento del organismo parlamentario. Para los diputados firmantes, estas actitudes demuestran que el kirchnerismo no está interesado en el debate de ideas, sino en intentar imponer su postura mediante actos de violencia, lo cual consideran inadmisible para la convivencia institucional del país.
El llamado al consenso de los bloques políticos
El proyecto de resolución de La Libertad Avanza busca trascender las fronteras de su propia bancada y convoca formalmente al resto de los bloques políticos a acompañar la iniciativa de suspensión y expulsión de Carignano. El argumento central de este llamado es que la violencia y los actos desestabilizadores no pueden ser permitidos en la Cámara de Diputados de la Nación bajo ninguna circunstancia. El bloque oficialista sostiene que permitir este tipo de conductas sentaría un precedente peligroso para el futuro de la actividad legislativa y la seguridad del orden constitucional.
La contundencia del pedido se refleja en la amplia nómina de legisladores que han plasmado su rúbrica en el documento. El proyecto de resolución lleva las firmas de Gabriel Bornoroni, Sebastián Pareja, Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado, Romina Diez, Javier Sánchez Wrba, Giselle Castelnuovo, Alejandro Fargosi, Carlos Almena, Johanna Longo, Rubén Torres, Verónica Razzini, Patricia Holzman, Damián Arabia y Álida Ferreyra. Este pedido de expulsión marca un precedente de extrema dureza en la actual composición de la Cámara, dejando la resolución del conflicto supeditada a la capacidad del oficialismo para aglutinar las mayorías necesarias en un clima político de alta fragmentación.