La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) aprobó un nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que establece las directrices estratégicas que seguirá el organismo durante los próximos años. El documento, de carácter reservado y de 170 páginas, fue elaborado bajo la conducción de Sergio Neiffert y habilita tareas de espionaje interno contra quienes influyan negativamente en la percepción pública de los funcionarios o de las políticas económicas del Gobierno nacional.
Según reveló el diario La Nación en una nota firmada por Hugo Alconada Mon, el PIN plantea como objetivos a individuos que puedan "erosionar la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios", así como a quienes generen una "pérdida de confianza" en las políticas económicas. También incluye como blanco de interés a quienes "manipulen" a la ciudadanía durante procesos electorales o propaguen "desinformación".
El documento menciona, incluso, la posibilidad de investigar a quienes distorsionen la "percepción" o afecten los "procesos cognitivos" de la sociedad, en especial mediante el uso de inteligencia artificial. Esto reabre el debate sobre los límites del control estatal sobre el discurso público y plantea interrogantes sobre si el Gobierno podría utilizar este marco para perseguir a periodistas, economistas, académicos o usuarios de redes sociales que no estén alineados con su visión.
Entre los antecedentes recientes que ilustran la sensibilidad del oficialismo con los contenidos en redes sociales, se encuentran los videos falsos que mostraban a Mauricio Macri y Silvia Lospennato en supuestos actos de campaña en la Ciudad de Buenos Aires, los cuales el propio Gobierno calificó como "chistes virales".
El nuevo plan de inteligencia también incluye lineamientos clásicos, como la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado, y la defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur y el sector antártico. Sin embargo, el foco puesto en el control del discurso público ha generado preocupación en sectores vinculados a la libertad de expresión.
Además, el relanzamiento del PIN coincidió con un fuerte aumento presupuestario para la SIDE. A principios de mayo, el Gobierno nacional destinó una partida adicional de $25.000 millones, de los cuales $8.000 millones serán para gastos reservados. Estos recursos no requieren control parlamentario y ya habían sido objeto de controversia en 2024, cuando se transfirieron más de $100.000 millones a esta área sin justificación pública detallada.
La SIDE, actualmente bajo el control indirecto del asesor presidencial Santiago Caputo, vuelve así al centro del escenario político, con un plan que podría tensar aún más la relación del Gobierno con la prensa, el mundo académico y la oposición.