Luego de que la Cámara de Diputados aprobara con 29 votos las reformas impulsadas por el Gobierno provincial para CAMYEN, se abrió una nueva instancia de polémica con el bloque de la Unión Cívica Radical. La iniciativa, que contó con ocho acompañamientos de La Libertad Avanza y dos rechazos dentro de ese bloque, incorpora una Comisión fiscalizadora y ahora regresa al Senado para su revisión.
Frente a ese escenario, el Bloque de Diputados de la UCR manifestó su rechazo a través de un contundente comunicado, en el que cuestionó los términos del proyecto del Poder Ejecutivo que propone transformar CAMYEN en una Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.).
La principal objeción de los legisladores radicales se concentra en que la nueva estructura, según su postura, amplía las facultades de gestión de la empresa sin establecer garantías institucionales suficientes para el control y el resguardo del patrimonio minero provincial.
La posición de la bancada quedó formalmente plasmada en un despacho de minoría, cuya defensa estuvo a cargo de la diputada Alicia Paz de la Quintana, quien fue designada miembro informante por la Comisión de Minería.
"Modernizar no puede significar reducir controles"
Durante la defensa de la postura radical, Paz de la Quintana dejó en claro que la UCR no se opone a la minería, a las inversiones ni a una eventual adecuación societaria de CAMYEN. El planteo del bloque apunta, según explicó, a que cualquier modificación de la estructura de la empresa preserve y fortalezca los mecanismos de control.
La diputada resumió esa posición con una definición que se convirtió en uno de los ejes centrales del planteo opositor: "Modernizar no puede significar reducir controles. Cuanto mayores sean las facultades de decisión, mayores deben ser las garantías de transparencia y rendición de cuentas."
Desde esa perspectiva, la discusión no estaría centrada únicamente en la transformación de CAMYEN desde una Sociedad del Estado hacia una Sociedad Anónima Unipersonal, sino también en qué mecanismos institucionales acompañarán ese nuevo esquema.
Para la bancada radical, una modificación societaria que otorgue mayores capacidades de gestión debe estar acompañada por instrumentos que permitan controlar las decisiones, conocer el desempeño económico y financiero de la empresa y garantizar el resguardo de los activos estratégicos de la Provincia.
Las tres garantías que propuso la UCR
En ese marco, el bloque radical planteó la incorporación de tres garantías concretas al proyecto de reforma de CAMYEN:
- Informe anual obligatorio de gestión económica, financiera e inversiones ante la Legislatura.
- Autorización legislativa previa para operaciones de magnitud.
- Auditoría externa independiente y anual, con sus resultados a disposición de la Legislatura.
La propuesta busca reforzar el control institucional sobre una empresa cuya actividad está vinculada con los recursos mineros y energéticos de Catamarca.
Para Paz de la Quintana, estos mecanismos no representan obstáculos para la llegada de inversiones ni para el funcionamiento de CAMYEN bajo una nueva estructura societaria. Por el contrario, sostuvo que constituyen herramientas destinadas a fortalecer la seguridad jurídica, la confianza pública y la protección del patrimonio provincial.
El planteo radical parte de una consideración central: los recursos involucrados son naturales, no renovables y estratégicos, por lo que las decisiones vinculadas con su administración pueden tener consecuencias que excedan el período de una gestión de gobierno.
"Estamos hablando de recursos naturales no renovables y de activos estratégicos cuya administración puede comprometer el futuro de las próximas generaciones. La adecuación societaria es necesaria, pero no puede convertirse en una oportunidad para debilitar los controles", afirmó la diputada.
Fadel pidió controles
El planteo de la UCR también fue expresado por el diputado Luis Fadel, quien puso el foco en la necesidad de fortalecer el esquema de fiscalización previsto en la iniciativa y garantizar mecanismos de control acordes con la importancia estratégica de CAMYEN.
Fadel vinculó directamente la discusión sobre los mecanismos de fiscalización con el carácter público de los recursos mineros de Catamarca y con la representación institucional que corresponde al Poder Legislativo. "Cuando hablamos de los recursos mineros de Catamarca hablamos del patrimonio de todos los catamarqueños. Por eso, los mecanismos de fiscalización deben ser claros, independientes y suficientes, y contemplar adecuadamente la representación institucional de un Poder Legislativo que es bicameral."
La observación del legislador se concentra, de este modo, en la necesidad de que el nuevo esquema societario no implique una reducción de los controles institucionales. Para la bancada radical, la transformación jurídica de CAMYEN debe acompañarse de responsabilidades claramente definidas y de mecanismos que permitan ejercer una fiscalización efectiva.
Fadel expresó esa preocupación al señalar: "Lo que hoy estamos discutiendo es cómo garantizamos que quien administre recursos estratégicos de la Provincia tenga controles institucionales a la altura de esa responsabilidad."
Una discusión que ahora continuará en el Senado
La polémica se produce después de la aprobación en Diputados de la reforma impulsada por el Gobierno provincial. El proyecto obtuvo 29 votos y, tras las modificaciones incorporadas durante su tratamiento, contempla la creación de una Comisión fiscalizadora. Ahora deberá regresar al Senado para su revisión.
La discusión planteada por la UCR se suma así al debate abierto alrededor de la transformación de CAMYEN en una Sociedad Anónima Unipersonal. Mientras el proyecto avanza hacia una nueva estructura jurídica y de gestión, el radicalismo sostiene que el cambio debe estar acompañado por mayores garantías institucionales.
La posición de la bancada no plantea un rechazo a la actividad minera. Por el contrario, la Unión Cívica Radical reafirmó que la minería debe constituirse en una política de Estado, pero bajo determinadas condiciones: reglas claras, seguridad jurídica, transparencia y controles eficaces.
El bloque radical sintetizó esa postura en una definición que busca diferenciar su cuestionamiento a la reforma de una oposición a la actividad minera: "No rechazamos la minería: queremos una minería seria, responsable, transparente, jurídicamente segura y al servicio del desarrollo de Catamarca."
De esta manera, el debate sobre CAMYEN queda planteado en dos dimensiones. Por un lado, la necesidad de adecuar la estructura de la empresa a las nuevas condiciones de gestión y del mercado minero y energético. Por otro, la discusión sobre qué controles institucionales deben acompañar esa transformación y cuál debe ser el nivel de participación de la Legislatura en las decisiones vinculadas con los recursos estratégicos de la Provincia.
Con el proyecto nuevamente en el Senado, esas diferencias continuarán formando parte del tratamiento legislativo de una reforma que, para la UCR, no debe limitarse a modernizar la estructura societaria de CAMYEN, sino que también debe asegurar mecanismos de fiscalización suficientes para proteger el patrimonio provincial y garantizar la transparencia de su administración.
